El Gobierno propone debatir qué hacer con Julio De Vido

El Gobierno consideró hoy que “parece haber una causal” para que el Congreso debata la expulsión del diputado nacional y ex ministro kirchnerista de Planificación, Julio De Vido, porque éste afronta “un cúmulo de procesos penales”, al tiempo que advirtió que “la falla” es de la “justicia”.

El portavoz del Gobierno fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien afirmó que “el Congreso tiene que evaluar si entre sus miembros se puede permitir ese tipo de integrantes cuando hay tantos hechos de corrupción en investigación”.En tanto, previno que en cualquier caso “es una decisión que tiene que tomar el Congreso”.

De Vido afronta, desde el martes pasado, un pedido del fiscal Carlos Stornelli de desafuero, detención e indagatoria, junto a otras 23 personas, por supuesta malversación de casi 265 millones de pesos que deberían haberse destinado a la reactivación de la mina de carbón de Río Turbio.

Desde el bloque oficialista Cambiemos, el diputado nacional del PRO Nicolás Massot apuntó contra la justicia al explicar que la cámara baja “con dos tercios podríamos expulsar a diputado De Vido o a cualquier otro pero no serviría de mucho sacarle su rol de diputado porque si definitivamente sigue caminando libremente por la calle, la falla es de la justicia”.

“No puede haber causas de esta naturaleza o con esta urgencia que duerman en los juzgados”, insistió Massot aludiendo, implícitamente, al juez Luis Rodríguez, quien está a cargo de la causa que complica a De Vido.

La diputada nacional de la CC-ARI Elisa Carrió aseguró ayer que De Vido “ya tendría que estar detenido por (el juez Julián) Ercolini, por asociación ilícita” y aseguró que “tenemos pedida la expulsión” del Congreso del ex ministro.
En este contexto también se planteó eliminar el beneficio de los fueros parlamentarios a raíz del caso de Julio De Vido.

La ley 25.320 que reglamentó el alcance del Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados fue sancionada por el Congreso Nacional en septiembre del año 2000 como coletazo del escándalo de coimas que estalló en el Senado vinculado al tratamiento de una reforma laboral durante el gobierno de Fernando De la Rúa.

La ley reglamentaria indica también que la justicia no puede ordenar “el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”, un requisito que diputados de distintos bloques intentaron flexibilizar, proponiendo por ejemplo que sólo fuera una simple “comunicación”, en proyectos que presentaron el año pasado, y hasta ahora no prosperaron.

Desde el Gobierno, a su vez, Garavano amplió que “más allá de la detención o no de los distintos actores en hechos de corrupción, lo que necesitamos es que estos casos lleguen a juicio oral porque es ahí donde vamos a saber las responsabilidades o no de los funcionarios sospechados”.

En declaraciones a radio La Red, añadió que “por lo que se dice el caso (de la mina de) Río Turbio es un escándalo como tantos otros” y reiteró que esos episodios “tienen que llegar a juicio oral que es donde, en definitiva, se van a dilucidar y se pueden aplicar condenas y que estas personas le paguen a la sociedad si cometieron delitos”.

Consultado sobre los procesamientos e imputaciones que afronta De Vido, el ministro afirmó que “hay una acumulación de procesos penales por hechos de corrupción muy, muy llamativa” y consideró que “lo que se ha buscado es un fuero para tratar de protegerlo”.

“Cuando hay tantos hechos de corrupción en investigación parece haber una causal grave” para considerar la eventual expulsión, indicó.

En tanto, el fiscal federal Stornelli será investigado por el supuesto delito de “violación de secreto” a raíz de la filtración al periodismo de su dictamen de desafuero, pedido de detención e indagatoria de De Vido.

Fuentes judiciales informaron que la denuncia penal contra el titular de la Fiscalía 4 fue presentada por el abogado Adrián Daniel Albor, defensor del co-imputado y ex directivo de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), Fernando Lisse, que obtuvo la eximición de prisión.

Fuente: Agencia Diarios y Noticias (DyN)

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