El ministro de Justicia consideró que el Congreso tiene que debatir el desafuero de Julio De Vido

El ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró hoy que “parece haber una causal” para que el Congreso debata la expulsión del diputado nacional y ex ministro kirchnerista de Planificación, Julio De Vido, porque éste afronta “un cúmulo de procesos penales “El Congreso tiene que evaluar si entre sus miembros se puede permitir ese tipo de integrantes cuando hay tantos hechos de corrupción en investigación”, sostuvo el titular de la cartera judicial aunque previno que en cualquier caso “es una decisión que tiene que tomar el Congreso” Garavano añadió que “por lo que se dice el caso (de la mina de) Río Turbio es un escándalo como tantos otros” y reiteró que esos episodios “tienen que llegar a juicio oral que es donde, en definitiva, se van a dilucidar y se pueden aplicar condenas y que estas personas le paguen a la sociedad si cometieron delitos”.

“Más allá de la detención o no de los distintos actores en hechos de corrupción, lo que necesitamos es que estos casos lleguen a juicio oral porque es ahí donde vamos a saber las responsabilidades o no de los funcionarios sospechados”, dijo en declaraciones a radio La Red.
Consultado sobre los procesamientos e imputaciones que afronta De Vido, el ministro afirmó que “hay una acumulación de procesos penales por hechos de corrupción muy, muy llamativa” y consideró que “lo que se ha buscado es un fuero para tratar de protegerlo”.
“Cuando hay tantos hechos de corrupción en investigación parece haber una causal grave” para considerar la eventual expulsión, indicó.
La diputada nacional del oficialismo Elisa Carrió (CC-ARI) aseguró ayer que De Vido “ya tendría que estar detenido por (el juez Julián) Ercolini, por asociación ilícita” y aseguró que “si Comodoro Py no actúa” ella activará en el Congreso la “expulsión” del ex ministro.
De Vido afronta, desde el martes pasado, un pedido del fiscal Carlos Stornelli de desafuero, detención e indagatoria, junto a otras 23 personas, por supuesta malversación de casi 265 millones de pesos que deberían haberse destinado a la reactivación de la mina de carbón de Río Turbio.

 

 

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