A 50 días de que tengan lugar las elecciones generales, la gestión del Intendente Nicolás Ducoté sigue sumando razones para ganarse la bronca y la crítica de Cambiemos.

La última semana la Justicia Federal allanó casi una veintena de oficinas municipales por una nueva causa de desvío de fondos, esta vez en la entrega de microcréditos.

Pero son seis las causas que investigan a la gestión del jefe comunal PRO y a algunos de sus funcionarios por la comisión de delitos contra la administración pública. Por eso, desde Cambiemos le soltaron la mano a un Intendente que en lugar de sumar, resta puntos y que avanza cada vez más rápido a la posibilidad de perder el municipio en octubre.

En el caso de los microcréditos el Juzgado Federal de Campana investiga el desvío de fondos nacionales que el Municipio recibió para otorgar préstamos a familias de bajos recursos. Pero, según fue denunciado desde el Frente de Todos, los fondos terminaron en un uso meramente electoral.

Ducoté lanzó el programa Mejor Hogar al mismo tiempo que la campaña del año 2017, que luego suspendió en 2018 y que reactivó en las últimas semanas. El desvío se hizo a través de una Sociedad estatal, a cargo del funcionario Federico Leonhardt, y cuya directora es Natalia Campero, la esposa del secretario de Gobierno de Ducoté, Carlos Arena. Según se detalla en la denuncia, además de entregar los créditos a cambio de que la gente «vote a Ducoté en octubre», entre los beneficiarios aparecen personas que nunca solicitaron el préstamo.

Otra de las causas por la que se investiga a la gestión de Ducoté es la contratación a una ONG fantasma. A través de su Secretaría de Desarrollo Social, en ese entonces a cargo de Fabián Ferraro, el Municipio pagó $1,2 millones a la ONG «Creando Familia y Futuro» por un relevamiento territorial, que nunca existió, como tampoco la ONG. El propio gobierno municipal había prometido iniciar una investigación interna para esclarecer el tema, pero no llegó a ningún resultado.

Quien también presentó una denuncia a Ducoté fue un concejal que pertenecía al propio espacio de Cambiemos. En este caso fue por la instalación de basurales que llevó adelante la gestión de Ducoté, generando una grave contaminación en el arroyo Burgos, que desemboca en el río Luján.

Bajo ese mismo rótulo, la ONG Ambientalistas Autoconvocados de Pilar denunció al gobierno y a la papelera Samseng. La firma es la principal aportante de fondos de la nueva maternidad que Ducoté inauguró, aunque todavía no funciona completamente. La denuncia pide que se la investigue por desechar sus residuos al río Luján y extiende las sospechas sobre los funcionarios por haber dejado de hacer controles a la empresa, una vez que se selló el préstamo al Municipio.

Las otras dos causas son por el desvío de los fondos que el Intendente PRO recibió del Gobierno Nacional. En estos casos, es Juan Pablo Martignone, jefe de Gabinete de Nicolás Ducoté, quien buscó, sin éxito explicar los manejos del Municipio. En el primero de los casos, se trató de $15 millones que se recibieron para trabajos de hábitat en el barrio de Peruzzotti. El Municipio se comprometió a avanzar en la compra de una planta de tratamiento de residuos cloacales y, pese a que se había pagado la totalidad del dinero a la constructora Tordel, la planta no apareció hasta que la denuncia se hizo pública. Sin embargo, se supo que el Municipio la había pagado en $2 millones en lugar de los $8 millones que había recibido la empresa.

En mayo, apareció otra denuncia por fondos nacionales. Esta vez eran $87 millones que se debían haber destinado a obras públicas en el barrio de Monterrey. Entre los trabajos se incluían asfaltos, plazas, cloacas y red de agua. Pero las obras nunca se hicieron.

La Justicia avanza en la búsqueda de pruebas mientras el Intendente de Cambiemos sigue sin poder aportar datos que esclarezcan las causas. Por el contrario, cada vez que él o sus funcionarios intervienen en los casos la situación se oscurece más.