El juez federal Claudio Bonadío envió este viernes a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al diputado nacional Julio De Vido y a diversos ex funcionarios y empresarios en la causa que investiga los denominados cuadernos de la corrupción y dos expedientes derivados de esa pesquisa.

A más de un año de ordenar la detención de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, quien era la mano derecha de Julio De Vido, Bonadío dio por clausurada la instrucción y envió a juicio oral a la senadora Fernández de Kirchner, acusada de ser Jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación «de fondos ilegales», es decir sobornos.

El expediente cuenta con 172 procesados y 31 imputados colaboradores. Junto a la candidata a vicepresidenta, fueron enviados al banquillo de los acusados De Vido, Baratta,  Centeno y un extenso listado de empresarios.

De esos 172 acusados, en esta instancia Bonadío elevó a juicio a poco más de 70, ​entre ex funcionarios y empresarios. El juez resolvió sobreseer a los empresarios por el delito de asociación ilícita, y sólo deberán responder como acusados por cohecho activo.

De hecho, casi todos los hombres de negocios fueron procesados por la Cámara Federal solo por el delito de cohecho. Entre ellos están el primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Juan Lascurain, Gabriel Romero, y Néstor Otero, todos con intereses en compañías que históricamente hicieron negocios con el Estado.  El dueño de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, está procesado por integrar la asociación ilícita y por el pago de coimas. El empresario se defendió con el argumento de que entregó dinero de manera voluntaria para sostener el proyecto político del kirchnerismo.

En diciembre de 2018, la Sala I de la Cámara federal porteña confirmó las acusaciones contra la ex presidenta por dirigir una asociación ilícita, del delito de dádivas en carácter de coautora y de cohecho pasivo (cobrar coimas).​ Cuando el fiscal Carlos Stornelli pidió que la senadora vaya a juicio, señaló que era igual responsable de 40 hechos de cohecho.

La acusación con la que se hizo la elevación a juicio sostiene una aclaración realizada por Bonadío en el primer procesamiento: el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de «dinero ilegítimas en mano propia» no la exime de «responsabilidades». En ese marco, se dio por comprobada «la existencia de una organización delictiva» planteada por la «recaudación de coimas» que inició con Néstor Kirchner y que «continuó durante la gestión» de la actual senadora.

En consecuencia, se determinó que la ex mandataria «tenía conocimiento del sistema de recaudación» y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la «asociación ilícita». En esta parte que será enviada a juicio oral, se sostiene que existió una «comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal», los distintos funcionarios intervinientes «operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria».

Fuente: NA