El Gobierno nacional frenó la transferencia del programa de Protección de Testigos al Poder Judicial, algo que generaba una fuerte resistencia de los jueces en Comodoro Py y en la Corte Suprema, sumado al rechazo del presidente electo, Alberto Fernández.

Si bien la administración de Mauricio Macri ya tenía decidido avanzar en estas horas con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) para traspasar el sistema que alcanza a 225 testigos y 97 familiares a la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, ahora decidió ponerle un freno a la iniciativa.

El tema generó una reacción negativa entre los principales magistrados y sectores de la oposición, y por ello el Gobierno decidió buscar un diálogo más amplio para resolver la situación

Tras el resultado de las PASO, varios de los testigos protegidos reclamaron al Ejecutivo la necesidad de trasladar el programa a un ámbito «independiente» del poder político. Actualmente el mismo funciona dentro de la subsecretaría de Política Criminal.

Entre los «arrepentidos» que figuran en el programa se cuentan Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta; Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou; y su ex esposa, Laura Muñoz; y el valijero Leonardo Fariña; y el ex secretario de Obras Públicas K José López.

El sistema de protección alcanza a 225 testigos y 97 familiares de -en su mayoría- causas vinculadas al narcotráfico y trata de personas.

Además de la protección y la seguridad de los testigos e imputados, el programa incluye en algunos casos la manutención de «arrepentidos» y hasta la relocalización y cambio de identidad de los mismos.

Fuente: DIB