El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó hoy el proyecto de ley de emergencia pública que ingresará este martes al Congreso. Incluye la implementación de un impuesto del 30% a la compra de dólares que se utilizará para financiar políticas de seguridad social y obras públicas.

En una conferencia realizada en el Palacio de Hacienda, Guzmán anunció una serie de medidas económicas vinculadas a impuestos de recaudación y reasignación de fondos que serán parte de la «Ley de solidaridad social y reactivación productiva» impulsada por el Ejecutivo.

El ministro adelantó que se implementará un «impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria» del «30% a la compra de divisas». Un 70% del mismo buscará financiar políticas de seguridad social, y un 30%, obra pública.

Guzmán indicó que el gobierno de Alberto Fernández busca «desalentar» el ahorro en dólares y señaló que esta medida abarcará a la compra de US$ 200 de tope mensual que impone el cepo.

La iniciativa del Ejecutivo busca declarar «la emergencia pública en materia económica, financiera,  fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social» hasta el 31 de diciembre de 2020. Entre sus objetivos, busca promover una «restructuración tarifaria», la «sostenibilidad fiscal», la «reactivación productiva», el suministro de medicamentos para pacientes vulnerables y la recuperación de salarios.

Uno de los puntos principales del proyecto de ley es el «impuesto para una Argentina productiva y solidaria» (PAIS) que se aplicaría en los próximos cinco años.

El mismo se aplicará a las compras de divisas y será de un 30%, quedando excluidas del mismo las administraciones financieras del sector público, los gastos particulares vinculados a las compras de medicamentos y los efectuados por investigadores que se desempeñen en organismos estatales.

En cambio, si abarcará al dólar turístico y a las compras para ahorro que hoy tienen un tope mensual de US$ 200 por el cepo.

La recaudación del impuesto PAIS se utilizará: un 70% en programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, y un 30% para financiar «obras de infraestructura económica y vivienda social» y «fomentar el desarrollo del turismo local».  

El proyecto también prevé la duplicación de la alícuota a los Bienes Personales (propiedades, depósitos y otras tenencias) radicados en el extranjero. En tanto, este pago se disminuirá si se comprueba la repatriación de esos activos financieros. 

El Gobierno planea elevar también el tope de retenciones a la soja de un 30% a un 33%, y de un 12% a un 15% en el caso del trigo y del maíz. Asimismo, se «prohíbe superar el 5% de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales». Estos son montos que no necesariamente serán aplicados instantemente. Se trata de una posibilidad que podrá aplicar el Ejecutivo en caso de requerirlo.

En materia tarifaria, la iniciativa plantea «iniciar un proceso de renegociación» de 180 días para impulsar reducciones en las facturas que pagarán los usuarios particulares y las empresas durante 2020.

A través de la iniciativa, el Gobierno buscará suspender la fórmula de movilidad para jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales por 180 días y discutir un nuevo cálculo en el Congreso. En ese plazo, el Ejecutivo podrá otorgar aumentos a estos sectores. 

En este marco, los jubilados que cobran haberes mínimos, tendrán dos bonos de 5.000: uno a pagar en diciembre y otro con fecha para enero. Por esto serán beneficiados unos 4,5 millón de jubilados y pensionados. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán un bono de 2000 pesos a fin de año.

En tanto, también se incluye un plan de regulación de deuda para pequeñas y medianas empresas.

Fuente: DIB