La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó  ayer y convirtió en ley el proyecto que actualiza artículos de la norma de violencia laboral y que promueve y garantiza derechos laborales para personas travestis, transexuales y transgénero.

En la décima sesión ordinaria realizada por videoconferencia, los diputados convirtieron en ley el proyecto que había sido presentado por la exdiputada Emilse Pross, en 2018, y que fue modificado en el Senado entrerriano el pasado 17 de septiembre.

La norma actualiza el contenido de artículos de la ley 9.671 de violencia laboral, que fija la capacitación como herramienta para la prevención.

La nueva ley establece un principio de “no discriminación, donde toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias, protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de su identidad de género”.

Además, establece que al menos un 1% del personal del Estado provincial, sus organismos descentralizados y empresas públicas esté ocupado por “personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo”.

En tanto, crea un “Registro Único de Aspirantes” para “facilitar la incorporación laboral” de las personas trans y fija un “régimen de Incentivo fiscal” para los empleadores del sector privado que contraten a personas travestis, transexuales y transgénero.

“Con mucha alegría acabamos de votar nuevos derechos laborales, un paso más en la inclusión y construcción de una sociedad más justa e igualitaria”, resaltó la diputada Stefanía Cora, tras la sanción del proyecto.

Su par, Mariana Farfán, aseguró a Télam que la norma aprobada significa “ponerse en sintonía con las políticas nacionales y un paso más en esta deuda pendiente del Estado con el colectivo trans”.

Además, la presidenta de la comisión Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad, destacó que “prontamente tratarán un proyecto de ley que garantice la paridad de género en la Legislatura, donde ahora somos apenas el 25% de mujeres”.

La vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, dijo, por su parte, que en la sociedad “existe un patrón sistemático de desigualdad que somete particularmente a estas personas a una cadena de exclusiones y discriminación que obstaculiza sus recorridos educativos y laborales”.

“Es rol del Estado garantizar derechos, por eso avanzar en una agenda de género y diversidades es avanzar en la construcción de una Entre Ríos más justa e igualitaria”, concluyó.

Fuente: Télam

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