6 octubre, 2022 8:26 am

San Andrés de Giles: dos intendentes arriesgan patrimonio municipal al aprobar ordenanza ilegal

Es la ordenanza nº 73/21, con la cual el entonces intendente Carlos Puglelli avanzó con la prohibición de la instalación de carteles publicitarios y oficinas de atención inmobiliaria bajo nombres de franquicias. La norma inconstitucional, avalada por el actual intendente Miguel Gesualdi, contradice la ley orgánica de las municipalidades y el Código Civil y Comercial. Por tal motivo, corredores y publicitarios afectados podrían iniciar acciones legales ya que el municipio estaría incurriendo “en responsabilidad civil patrimonial, al igual que los concejales en forma personal, porque los daños que ya están causando son mensurables económicamente y de muy fácil prueba en sede judicial”, advierten desde la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI).

El Concejo Deliberante de San Andrés de Giles sancionó la ordenanza 73/21 que prohíbe la habilitación de franquicias y la publicidad en la vía pública de negocios inmobiliarios bajo ese formato.

La iniciativa persecutoria se inició en 2020, cuando el Colegio de Corredores Inmobiliarios porteño (CUCICBA) denunció a RE/MAX de ejercer “una actividad ilícita” ante la Inspección General de Justicia (IGJ) quien, mediante la resolución N° 350, estableció que debía iniciarse un juicio para disolver RE/MAX Argentina SRL. La empresa apeló ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y este órgano judicial ordenó, a fines de mayo, dejar sin efecto la resolución con expresa imposición de costas al organismo.
En su momento, a la iniciativa de CUCICBA se plegaron el Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires y una veintena de colegios distritales bonaerenses. Con prácticas similares y “argumentos” casi idénticos lograron que varios municipios se sumaran a la prohibición basándose en lo dispuesto por la IGJ. El objetivo, en todos los casos, es el mismo: eliminar parte de la competencia comercial.

Sobre la persecución y sus posibles consecuencias, el presidente de CAMESI Mariano García Malbrán afirma que “la resolución de la IGJ fue rechazada por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, con expresa imposición de costas. Esto cambia absolutamente el panorama de las ordenanzas, que ya eran ilegales porque son contrarias a la Ley Orgánica de las Municipalidades al legislar sobre aspectos y cuestiones que van más allá de su competencia; pero ahora este fallo de la Cámara Nacional deja a los municipios y a los concejales en un riesgo legal de exposición patrimonial enorme. Y la realidad es que están causando un daño muy importante, no solamente a la industria inmobiliaria, sino también a la de la publicidad”

Malbrán además indica que “los municipios van a ser responsables patrimonialmente por daños y perjuicios civiles. Estas acciones serán iniciadas por los corredores inmobiliarios que contrataron los servicios de las marcas y tuvieron un daño patrimonial enorme, derivado de una ordenanza ilegal. Asimismo, las asociaciones de publicistas se encuentran analizando el mismo camino. Además, los concejales podrán recibir cargos patrimoniales por su responsabilidad personal frente al Estado, porque se basaron en una resolución administrativa de un organismo del Poder Ejecutivo que aún no se encontraba firme para prohibir la actividad comercial de empresas que prestan un servicio absolutamente legal y que genera muchos puestos de trabajo e ingresos económicos de manera directa e indirecta”.

Medidas de igual tenor a la de San Andrés de Giles tomaron los municipios, concejales e intendentes de Ayacucho, Azul, Berazategui, Berisso, Bolívar, Almirante Brown, Chacabuco, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Chivilcoy, General Pueyrredón, Madariaga, Magdalena, Partido de La Costa, Necochea, Pehuajó, Pinamar, Punta Indio, Monte Hermoso, Salto, San A. de Areco, Salliqueló, San Cayetano, Tandil, Tordillo, Trenque Lauquen, Villa Gesell y Zárate, están reñidos con el orden jurídico al mantener vigentes las ordenanza prohibicionistas. Así las cosas, deberían vetarlas para evitar acciones judiciales millonarias que afectarán las finanzas de los municipios y el patrimonio de los concejales que la votaron.

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