El municipio marplatense cuestionado por una medida contra los vecinos 

El intendente Guillermo Montenegro (PRO) sigue recibiendo críticas por parte de varios sectores de la sociedad marplatense. El funcionario impulsó medidas que son contradictorias con los valores que expresa la coalición Juntos por el Cambio y que regulan los negocios inmobiliarios en favor del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata. 

El conflicto lo desató la Ordenanza Nº 25029 que establece la prohibición de la publicidad y promoción de franquicias, licencias y marcas del rubro inmobiliario en la vía pública y que, además, penaliza con multas que van desde los 50 a los 70 sueldos mínimos municipales, a aquellos vecinos que elijan la representación de estas empresas para vender sus propiedades.

La polémica normativa, que fuera sancionada por presiones e influencias del Colegio marplatense, provocó diversas reacciones por parte de la comunidad del partido de General Pueyrredón, sobre todo por su carácter ilegal. 

Si bien la Ordenanza Nº 25029 hace referencia a “franquicias, licencias y marcas” en plural, la medida está especialmente dirigida contra RE/MAX. Es de público conocimiento que la red que brinda servicios complementarios a inmobiliarias enfrenta desde hace años los embates de los Colegios de martilleros que presionan por distintas vías para sacar a la marca del mercado. 

Las persecuciones a la empresa de servicios inmobiliarios comenzaron cuando la Inspección General de Justicia (IGJ), a instancias del Colegio de Martilleros de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), sacó una resolución que establecía la disolución de la marca. La medida terminó con la intervención de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que dejó sin efecto la resolución contra RE/MAX por considerarla “una decisión arbitraria, infundada y dictada en exceso de las facultades de la IGJ”. 

Luego, en 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió convocar a audiencia pública para analizar los conflictos sistémicos suscitados entre los colegios de corredores y las empresas que brindan servicios complementarios a la actividad inmobiliaria. Hasta que esto no suceda y dicho organismo no se expida oficialmente sobre el caso, toda ordenanza o normativa sancionada contra la operatoria de estas empresas queda sin efecto y sería considerada como ilegal. Montenegro como ex juez federal, no podía desconocer que su iniciativa vulnera lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero más allá del complejo entramado jurídico del caso, la normativa está vigente y sigue generando polémicas y reacciones de diversos actores afectados. Así lo hicieron público en su momento desde la Cámara Argentina de Publicidad en Vía Pública, cuando se pronunciaron en contra de la normativa y expresaron al intendente Montenegro que “habilitar estas restricciones para una actividad legal, en un mercado deprimido, es atentar contra la supervivencia de las empresas y de las familias que de ellas dependen".

Especialistas en el tema advirtieron que los municipios no tienen facultades para legislar sobre cuestiones de fondo en materia de publicidad y argumentaron que debe ser el Congreso Nacional quien legisle al respecto o, en su defecto, es la Justicia quien debe determinar cuándo un tipo de publicidad es legal o ilegal.

No obstante esta preocupación, las críticas a Montenegro también llegan desde el propio sector de los martilleros, tanto de aquellos que eligen a las franquicias como los tradicionales. Para los martilleros independientes significa un duro golpe porque afecta directamente su libertad de trabajo y de elegir qué servicios contratar. Este grupo sostiene que la ordenanza va en contra de los ideales emprendedores y de la libertad para ejercer el comercio o una actividad lucrativa lícita.

Además, los vecinos multados con sumas exorbitantes por intentar vender sus propiedades perciben que la medida, impuesta de manera ilegal por Montenegro, solo tiene un fin recaudatorio y busca más que nada congraciarse con la dirigencia del Colegio.

Al respecto, Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, reconoció que “no está prohibida la instalación de franquicias en la ciudad” y que la prohibición de la publicidad en la vía pública apunta a proteger a los ciudadanos que quieren comprar o vender una propiedad”. 

Las declaraciones de Rossi no cayeron bien entre los marplatenses. Desde los vecinos afectados le recordaron al dirigente martillero que poco hacen por cuidar a los clientes y mucho menos a los cientos de turistas que cada temporada son estafados por inmobiliarias “truchas e ilegales” que la institución no controla, donde no hay ningún caso de estafa por parte de una marca franquiciada. 

Al dirigente también le recordaron el caso de La Liga, una organización delictiva de la que formaban parte martilleros, y que por dos décadas utilizó del salón de subastas del Colegio de Martilleros de Mar del Plata para apropiarse de casas y terrenos por medios mafiosos, estafas y aprietes. La Justicia determinó que el Colegio de Mar del Plata fue, “por acción u omisión” cómplice de la banda mafiosa que operaba en los remates judiciales. Estos hechos ocurrieron durante la gestión del predecesor de Rossi, Miguel Ángel Donsini, quien estuvo 24 años al frente del Colegio y se fue sin dar explicaciones al respecto. En estos casos, a los trabajadores inmobiliarios y ciudadanos extorsionados y estafados por La Liga, el Colegio de Martilleros de Mar del Plata tampoco los defendió.