El CUCICBA vuelve a apuntar contra los inquilinos

Desde 2017, más de un millón de inquilinos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se han visto beneficiados por la Ley 5859, que los exime de pagar los honorarios de las inmobiliarias. Como otras veces en estos años, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) busca eliminar la norma.

El objetivo está en la agenda del nuevo presidente del Colegio, Diego Frangella, que acaba de asumir. Con la derogación de la ley, la intención de Frangella es que las inmobiliarias tengan libertad para aumentar la comisión a los propietarios y poder cobrarles también a los inquilinos. 

De acuerdo con su artículo 4, la norma prohíbe a las inmobiliarias cobrarles a los inquilinos “comisiones y gastos de gestoría de informes”. Además, la ley establece que “el monto máximo de comisión que se le puede requerir a los propietarios será el equivalente al 4,15% del valor total del respectivo contrato”.

En 2021, Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de Inquilinos Agrupados, explicaba: “En 2017 logramos que se vote en la Legislatura que los honorarios de las inmobiliarias ya no los paguemos los inquilinos, si no, los propietarios. En términos económicos, esto eran unos 10 mil millones de pesos por año, que los inquilinos transferíamos a las inmobiliarias. A partir de ese logro, todas las inmobiliarias de la ciudad y el país judicializaron esa ley y la llevaron hasta el Tribunal Superior de Justicia”.

Los fallos judiciales han sido siempre favorables a los inquilinos porteños. En 2021, el Tribunal Superior de Justicia rechazó el planteo de CUCICBA, mientras que al año siguiente, la Corte Suprema de Justicia confirmó la constitucionalidad de la ley tras la queja presentada por los abogados del Colegio.

En la Ciudad de Buenos Aires, más del 40% de los habitantes alquilan viviendas. Asimismo, tal como explicó Muñoz, esa cifra se ha duplicado en los últimos 20 años: “Además estamos hablando de la ciudad más cara para alquilar y para comprar. Es un negocio multimillonario y parte de esas ganancias se aplica por la ilegalidad y el abuso”.

Alineado con la ofensiva que el mercado inmobiliario conservador emprendió contra la Ley Nacional de Alquileres, Frangella buscará seguir por la vía del amparo judicial para conseguir la derogación de la ley. En concreto, eso supondría una enorme barrera para el acceso a la vivien

da en alquiler.