Ley Hojarasca: el gobierno busca derogar leyes obsoletas del siglo XX

Hoy, el Gobierno Nacional presentó al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, cuyo objetivo es derogar leyes obsoletas que restringen las libertades de los ciudadanos. Estas normativas fueron aprobadas durante los gobiernos militares y las administraciones de presidentes constitucionales del siglo XX.

El Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, proporcionó la información y explicó que se pretende derogar aproximadamente 70 leyes. Entre estas se encuentran normativas que prohibían las protestas, imponían penas de cárcel por defender los derechos humanos en foros internacionales, y regulaban la tenencia de un carnet de mochilero.

"La ley promueve la seguridad jurídica y remueve los obstáculos para el desarrollo personal y el conjunto del país", explicó el Ministro.

En ese sentido, el funcionario aclaró a través de la red social X, que se derogan distintos tipos de leyes: las “que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad”, las que “eliminan trámites inútiles”, las que “fueron superadas, actualizadas y mejoradas”, las que quedaron “obsoletas por los cambios tecnológicos”, las que “que dejaron de tener sentido porque definían obligaciones para instituciones que ya no existen” y las que “crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos”.

Entre algunas de las leyes que se busca eliminar, mencionó la 18312 del Gobierno militar de Juan Carlos Onganía que "el Estado intentaba limitar la libertad de expresión al controlar la disponibilidad de papel de diario".  

 El ministro también señaló que se busca anular la ley 19.787 del gobierno militar de Alejandro Lanusse que obligaba "a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba se debía escuchar, lo cual es un ataque directo a la libertad de expresión".  

 Otra norma que se busca eliminar es la ley 20.120 de la gestión de Lanusse que "obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal".   

Otra de las que se deroga es la ley 20959 del gobierno de Isabel Perón por el cual se otorgaba a los legisladores libre circulación y libre estacionamiento que, para Sturzenegger, "hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática". 

  También se intenta eliminar la ley 20983 de 1975 que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.