sábado 19 de abril de 2025 - Edición Nº2327

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Según la UCA

La pobreza alcanzó al 49,9% de los argentinos en el tercer trimestre

Bajó desde el pico de 55% registrado en el inicio del año, pero sigue más alta que en 2023



La pobreza afecta al 49,9% de la población argentina, lo que equivale a alrededor de 23 millones de personas, según los datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). Este porcentaje muestra una disminución en comparación con los primeros meses del año, aunque sigue siendo superior al de hace un año.

Al inicio del año, debido al impacto del ajuste en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, la pobreza había alcanzado casi el 55%, un aumento significativo desde el 44,7% registrado a fines de 2023. Sin embargo, en el segundo trimestre la cifra comenzó a disminuir, y en el tercer trimestre se redujo al 49,9%.

La indigencia en Argentina aumentó del 11,9% en 2023 al 12,9% en el tercer trimestre de este año. En este contexto, se destacó que un 29,4% de los hogares tuvo que recortar el gasto en medicamentos, un 29,9% no pagó tasas o impuestos, y un 27,1% no pudo abonar algún servicio.

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, señaló que la situación actual no solo es producto de una política de ajuste, sino también del agotamiento de un ciclo económico que lleva más de 20 años. En este sentido, consideró que las políticas del actual gobierno, aunque difíciles, eran "de alguna manera necesarias".

Durante la presentación del informe, Salvia explicó que las políticas de ajuste se implementaron rápidamente y con un alto costo inmediato, aunque, según su análisis, tuvieron un impacto regresivo de menor profundidad de lo que se esperaba.

El director del observatorio también destacó que los datos reflejan una caída de la inflación y la estabilidad en el empleo, aunque con un aumento de la informalidad laboral. Sin embargo, advirtió que la baja de la pobreza "no necesariamente se traduce en mayores niveles de consumo", debido a un aumento en el gasto en servicios.

Finalmente, indicó que entre 2022 y 2024 aumentó la proporción de personas en situación de indigencia y pobreza.

Al analizar la pobreza e indigencia en la infancia, se relevó que actualmente 2 de cada 10 niños viven en pobreza extrema. 

El 65,5% de los niños en Argentina viven en situación de pobreza y 19,2% en situación de indigencia.

Salvia observó que “hay una desinversión generacional” dado que en 2011-2012 40% de los niños eran pobres y hoy ese número asciende a 65,5%.

Se observa un incremento de la pobreza infantil en los estratos medios, pero sobre todo una mayor concentración de pobreza extrema en los estratos más bajos de la estructura social. Los niños/as de hogares con menor capital social son los más sufrientes y afectados por la crisis.

Por otra parte, en la Argentina urbana actual el 36,3% de los hogares reciben asistencia económica directa o indirecta por parte del Estado Nacional, provincial o municipal.

Si se calcula la situación sin AUH, otros programas ni pensiones no contributivas, se estima que la indigencia ascendería a 23,2% y la pobreza a 55,4% de la población.

En este contexto, Salvia acotó que “buena parte del problema está en la estructura ocupacional. Argentina no genera buenos empleos”.

Se observa un aumento del subempleo inestable (changas), que alcanza al 23,6% de la población económicamente activa; mientras que sólo 40% de la fuerza de trabajo tiene empleo pleno de derechos (con salario que cubre el costo de vida, estabilidad y aportes de seguridad social).

El deterioro de las oportunidades de empleo y de las remuneraciones se correlaciona con el aumento del porcentaje de ocupados que residen en hogares pobres, con marcadas diferencies entre estratos socioeconómicos. 

De acuerdo con el relevamiento, el 35,3% de los trabajadores es pobre.

El Observatorio de la UCA advirtió que “no solo hay que estabilizar la macroeconomía, sino también proyectar un desarrollo con mayor productividad, empleo e inclusión social” y llamó a definir “políticas orientadas a fomentar la inversión, introducir nuevas tecnologías, multiplicar las exportaciones, recuperar el ingreso y hacer posible la creación de más y mejores empleos, junto a un cambio radical en el sistema de seguridad social”. 

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