El Gobierno reestructura ARCA y reduce el sueldo de los cargos jerárquicos un 80%

El Gobierno ha iniciado una reestructuración en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con el propósito de reducir el gasto público, lo que incluye una drástica disminución del 80% en los sueldos de los cargos jerárquicos, así como un recorte en el presupuesto y una reorganización interna.

La medida, anunciada previamente por el vocero presidencial Manuel Adorni, fue formalizada con el Decreto 13/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía y Desregulación, Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

Adorni había adelantado en su cuenta de X que se pondría fin a "los privilegios y el gasto desenfrenado en ARCA", detallando que a partir de ahora, los sueldos del Director Ejecutivo y los directores generales se reducirían en un 80%. Además, se dispuso una baja en el presupuesto destinado a la cuenta de jerarquización, pasando del 0,65% al 0,60%, lo que representará un ahorro de 121.000 millones de pesos en sueldos de funcionarios durante 2025.

Asimismo, se instó a las autoridades del ARCA a reducir su estructura inferior en un 45%, con el fin de optimizar los recursos y la organización del organismo. Como resultado de estas medidas, los salarios de los altos cargos del ARCA serán significativamente más bajos, alineándose con los de los ministros y secretarios de Estado. En este contexto, el salario mensual del titular de ARCA, Juan Pazo, pasará de 32 millones a 4 millones de pesos.

En paralelo, se implementará un Sistema de Retiro Anticipado para el personal de planta permanente, con un máximo de 1.500 vacantes, buscando reducir la cantidad de empleados mediante un sistema voluntario que contempla indemnizaciones por los años de servicio, conforme a los convenios colectivos vigentes.

Además, se aprobó una nueva estructura organizativa que llega hasta el nivel de Subdirección General, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la aplicación y fiscalización de los regímenes impositivo, aduanero y de la seguridad social.

Esta reestructuración se enmarca dentro de la Ley Bases, que declaró la emergencia pública en diversas áreas y otorgó al Ejecutivo facultades especiales para manejar la emergencia administrativa, económica y financiera. El objetivo es reducir el tamaño del Estado, mejorar la eficiencia de la gestión pública y garantizar la transparencia en el manejo de las finanzas públicas.