El Gobierno licitaría la principal ruta del Mercosur

El Gobierno Nacional está por comenzar el proceso de licitación de una de las arterias viales más importantes para el comercio regional, conocida como la principal ruta del Mercosur. Según el medio Infobae, la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial es inminente, luego de haber sido retrasada desde diciembre.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), bajo la órbita del Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo, había presentado en noviembre un cronograma que anticipaba el inicio de la licitación para dos tramos clave del Corredor 18. Este corredor abarca las Rutas Nacionales 12 y 14, junto con el Puente Rosario-Victoria, y conecta las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes con Brasil, Paraguay y Uruguay. Con una extensión total de 675 kilómetros, este tramo es crucial para el comercio internacional.

Este proceso marca el comienzo de un plan más amplio que busca privatizar la gestión de más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas en Argentina, actualmente administradas por la empresa estatal Corredores Viales o sin concesión. Aunque este primer tramo representa solo el 20 % de la red vial nacional, concentra el 80 % del tránsito vehicular, lo que lo convierte en una opción atractiva para empresas interesadas en la cobranza de peajes. Se estima que el ahorro para el Estado podría alcanzar los USD 6.100 millones en los próximos 15 a 20 años.

El contrato con la concesionaria Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), que opera desde 1990, vencerá el 9 de abril de 2025. La compañía ha señalado que la falta de ajustes tarifarios ha dificultado el mantenimiento adecuado de las rutas y se encuentra en medio de una crisis financiera. No obstante, el Gobierno ha confirmado que no se renegociará el contrato y que una nueva empresa asumirá la concesión a partir de esa fecha.

El proceso de licitación no solo incluirá la mejora del Corredor 18, sino que también abarcará otros 8.470 kilómetros de rutas gestionadas por Corredores Viales, así como caminos que no estaban previamente concesionados. Esta segunda fase se dividirá en once tramos, con llamados programados para febrero de 2025 y adjudicaciones previstas para julio del mismo año.

Las concesiones se otorgarán a las empresas que ofrezcan las tarifas más bajas al usuario, sin canon al Estado ni subsidios. Sin embargo, los peajes permanecerán sin aumentos hasta que las rutas sean rehabilitadas, con mejoras en la calidad del pavimento, banquinas, señalización y alumbrado. Además, se implementará un sistema de ajuste tarifario trimestral basado en los índices del Indec.

La Dirección Nacional de Vialidad tendrá un rol central en la supervisión del proceso, realizando auditorías periódicas para verificar que las concesionarias cumplan con los estándares de calidad y mantenimiento establecidos. Estos controles serán clave para asegurar la seguridad y el buen estado de las rutas en uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes de los últimos años.