
Mediante el Decreto 28/25, el presidente de la Nación, Javier Milei, ha decidido avanzar con la privatización de varios tramos y rutas dentro de la red vial. Esta medida, que ya se venía especulando, se toma después de que Vialidad Nacional acumulase numerosas quejas sobre el deterioro de la infraestructura vial. A continuación, los detalles.
Según establece la normativa, el Ministerio de Economía, a través de su Secretaría de Transporte, tendrá un plazo de 12 meses para convocar una licitación pública, tanto nacional como internacional, para la concesión de diferentes fragmentos de la red vial. Esta concesión se basará en el cobro de peajes y abarcará tareas de explotación, reparación, ampliación, mantenimiento y provisión de servicios a los usuarios, entre otros aspectos. En este proceso, la Dirección Nacional de Vialidad será la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión.
Se privatizarán un total de ocho tramos que pertenecen al actual Corredor Vial 18, un conjunto de rutas clave para el comercio y la logística, ya que conecta cuatro provincias, tres pasos fronterizos y enlaza a tres de los cuatro países miembros del Mercosur por vía terrestre. Parte de este corredor se encuentra bajo la gestión de la empresa Caminos del Río Uruguay SA desde 1990.
El gobierno nacional, bajo la administración de Javier Milei, llevará a cabo la concesión de más de 660 kilómetros de rutas. Uno de los tramos en cuestión abarca 79,89 kilómetros de la ruta 12, desde la localidad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, hasta Ceibas, en Entre Ríos.
En el decreto publicado en el Boletín Oficial hoy, se presentan dos principales razones que motivan la licitación: una de carácter económico y otra de índole judicial.
Por un lado, el presidente Milei se apoya en la Ley Bases para justificar la necesidad de reducir el "sobredimensionamiento de la estructura estatal", con el objetivo de disminuir el déficit fiscal.
En el texto, se menciona que "para reducir el gasto público, resulta conveniente delegar en el sector privado la conservación y el mantenimiento de tramos de rutas nacionales cuya gestión se encuentra actualmente a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad".
Por otro lado, los contratos de concesión vigentes desde 1990 entre el Estado nacional y Caminos del Río Uruguay SA ya han expirado. El último acuerdo, que vencía en octubre de 2023, fue prorrogado por una medida cautelar dispuesta por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, a pedido de la empresa. Tras varias apelaciones y negociaciones, el contrato se extendió hasta el 31 de octubre de 2024.
Los tramos que serán privatizados incluyen: