El Gobierno modificó la ley migratoria y endurece el acceso a servicios públicos

El Gobierno nacional oficializó este jueves la modificación de la Ley de Migraciones 25.871 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, publicado en el Boletín Oficial. Entre los cambios más significativos, se destaca un endurecimiento en las condiciones para acceder a la residencia, la ciudadanía y los servicios públicos, como la salud y la educación superior.

El nuevo marco normativo establece que los extranjeros sin residencia permanente podrán acceder al sistema de salud pública solo en casos de emergencia, o bien deberán presentar un seguro médico o abonar el costo del tratamiento. Esta disposición alcanza únicamente a los centros de salud administrados por el Estado Nacional.

En materia educativa, el decreto introduce la posibilidad de que las universidades públicas cobren aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, aunque se mantiene la gratuidad para ciudadanos argentinos, naturalizados y residentes permanentes. Se contempla también la posibilidad de otorgar becas en función de convenios institucionales o acuerdos internacionales.

A pesar del giro en la política migratoria, el texto preserva algunos derechos básicos. Por ejemplo, se garantiza el acceso a la educación inicial, primaria y secundaria, tanto pública como privada, sin importar la situación migratoria del estudiante. También se aclara que no podrá negarse la atención sanitaria en casos de urgencia, independientemente del estatus legal.

En cuanto al proceso de radicación, el decreto redefine las categorías migratorias en “residentes permanentes”, “residentes temporarios” y “residentes transitorios”, y faculta a la Dirección Nacional de Migraciones a evaluar los cambios de estatus y emitir residencias precarias por hasta 90 días, prorrogables bajo resolución fundada. Estas residencias precarias no serán válidas para iniciar trámites de naturalización ni para computar arraigo.

Para obtener la residencia permanente, los solicitantes deberán acreditar medios económicos suficientes y carecer de antecedentes penales. Se establece además que los hijos de argentinos nacidos en el exterior obtendrán automáticamente la condición de residentes permanentes, al igual que sus familiares directos en el marco de la reunificación familiar.

El decreto contempla también la posibilidad de rechazar solicitudes o revocar permisos de residencia ante situaciones que desnaturalicen los motivos del otorgamiento inicial. Esto abre la puerta a un proceso de deportaciones más ágil y amplio respecto de la legislación vigente hasta el momento.

Con estas modificaciones, el Ejecutivo plantea un cambio de rumbo respecto a la política migratoria de las últimas décadas, orientándose a un esquema más restrictivo que diferencia el acceso a derechos según el estatus migratorio del solicitante.