Diversos proyectos buscan eliminar la obligatoriedad de la matriculación en colegios profesionales

La diputada Marcela Pagano presentó un proyecto para modificar el Decreto 2293/1992 y eliminar la obligatoriedad de la matriculación en colegios profesionales, consejos y asociaciones. El impacto de la iniciativa –enviada para su estudio en las comisiones de Educación, de Legislación General y de Presupuesto– es intensamente debatido entre médicos, abogados, escribanos, corredores y martilleros, arquitectos, entre otros profesionales.

“Quien lo quiera pagar, que sea libre de hacerlo. Tienen que empezar a dejar laburar en paz a la gente. Y eso aplica tanto para Colegios como para Consejos Profesionales. Aparte son costos ocultos que al final del camino inflan los precios”, señaló Pagano en relación a su proyecto y los aportes que los profesionales hacen para la matriculación y cajas específicas.

Tal como señala la diputada de La Libertad Avanza en su proyecto de ley, el objetivo es “desregular la actividad de los profesionales universitarios y no universitarios, eliminando la obligación del pago de tasas regulatorias, cuotas colegiales o cualquier otro tipo de contribución obligatoria que restrinja o condicione el ejercicio profesional, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los profesionales, promoviendo el ejercicio libre de la profesión en diferentes jurisdicciones”. 

En ese sentido, contempla la creación del Registro Nacional de profesionales universitarios y no universitarios en el ámbito del Ministerio de Capital Humano de la Nación, en el que deberán inscribirse gratuitamente “todos aquellos profesionales universitarios y no universitarios con título de validez nacional, para ejercer su profesión en todo el territorio de la República”. Ese registro reemplazaría la matrícula obligatoria en los respectivos Colegios, Consejos, Asociaciones de profesionales y organismos análogos que actualmente regulan el ejercicio de la profesión. Así, la inscripción sería gratuita y única para ejercer en todo el país, reemplazando las matrículas provinciales.

Asimismo, la iniciativa supone la prohibición de tasas, cuotas colegiales o contribuciones obligatorias: los Colegios, Consejos, Asociaciones de Profesionales y organismos nacionales no podrán imponer, bajo ninguna circunstancia, tasas regulatorias, cuotas colegiales o cualquier otro tipo de contribución obligatoria que restrinja o condicione el ejercicio profesional. “Cualquier tipo de aporte o contribución de carácter económico será voluntario”, se advierte en el proyecto.

En tanto, en su artículo 3, la iniciativa propone que los Colegios, Consejos, Asociaciones de profesionales y demás organismos que actualmente otorgan matrículas entreguen la información actualizada al nuevo Registro Nacional. Además, podrían ser designados como sedes de matriculación mediante convenios con el Ministerio de Capital Humano, autoridad de aplicación de la ley, asumiendo responsabilidades en la actualización y resguardo de los datos.

Diversos dirigentes de entidades colegiadas salieron a cruzar el proyecto de Pagano, como el presidente del Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires, Luis Eusebio Colao. El sector inmobiliario, de hecho, tiene varios frentes de conflicto: recientemente y en línea con la iniciativa de Pagano, el diputado Alejandro Bongiovanni del PRO propuso modificar la Ley N° 20.266, sancionada en 1973, con la intención de tener un mercado de bienes raíces más abierto. 

En ese sentido, se eximiría de contar con una matrícula obligatoria o título universitario para intermediar en el sector inmobiliario. Se eliminaría la obligatoriedad de la inscripción en los colegios profesionales, permitiendo el desarrollo de la actividad a toda persona “idónea”. Asimismo, los Colegios profesionales dejarían de ser los únicos que ejercen como reguladores y jueces de la actividad inmobiliaria y habrá competencia entre las entidades privadas que ofrezcan certificaciones voluntarias.