sábado 07 de junio de 2025 - Edición Nº2376

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El Gobierno convoca audiencias públicas para concesionar 4.000 km de rutas nacionales

Se trata de la tercera etapa del plan de privatización de más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional, actualmente gestionados por la empresa estatal Corredores Viales. Las audiencias serán entre el 30 de junio y el 7 de julio.



El Gobierno nacional lanzó una nueva etapa del proceso de concesión de rutas y convocó a audiencias públicas para privatizar la operación y el mantenimiento de casi 4.000 kilómetros adicionales de rutas nacionales, como parte de la tercera fase de la Red Federal de Concesiones (RFC). La medida fue formalizada a través de la Resolución 924/2025 de la Dirección Nacional de Vialidad, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Esta nueva fase contempla tramos estratégicos ubicados en el centro, el litoral, el noroeste y Cuyo, abarcando provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Chaco y Misiones. Entre los corredores más relevantes se incluyen la Ruta Nacional 7 (que une con Chile), la 9 (entre Córdoba y Rosario y hacia el norte), la 34 y la 12 (que conecta Corrientes con Brasil).

Las audiencias públicas se realizarán entre el 30 de junio y el 7 de julio, en las siguientes sedes:

  • Cuyo: Lunes 30/06 – Microcine Municipal David Eisenchlas, Mendoza.

  • Centro Norte y Noroeste: Miércoles 02/07 – Teatro Rosita Ávila, San Miguel de Tucumán.

  • Chaco, Santa Fe, Litoral y Noreste: Viernes 04/07 – Auditorio de la Dirección Provincial de Vialidad, Resistencia.

  • Mesopotámico y Centro: Lunes 07/07 – Sala Mayo, Paraná, Entre Ríos.

Quienes deseen participar deben inscribirse entre el 8 y el 28 de junio mediante un formulario disponible en la web de Vialidad Nacional. La inscripción es libre y gratuita.

Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema de concesiones permitirá reducir los costos para el Estado, ya que no contempla subsidios públicos y estará financiado completamente por capitales privados. Además, prometen más competencia, transparencia y mejores condiciones para los usuarios.

La supervisión de los contratos quedará a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, que continuará actuando como organismo de control. El Gobierno destaca que esta transformación busca dejar atrás un sistema deficitario y avanzar hacia una infraestructura vial más eficiente.

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