"Inocencia Fiscal": el Gobierno presentó un proyecto para reducir controles y facilitar el blanqueo

En una conferencia en Casa Rosada, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, presentó el proyecto de ley de “Inocencia Fiscal”, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA), Juan Pazo. El objetivo del texto es limitar la capacidad del Estado para iniciar causas por evasión fiscal, acotar los plazos de inspección y fomentar la incorporación de capitales no declarados al sistema formal.

Entre los principales puntos, el proyecto propone elevar los umbrales para iniciar causas por evasión simple. Según explicó Pazo, hoy basta con una diferencia de $1,5 millones para enfrentar cargos penales, algo que calificó como “ridículo”. Con el nuevo esquema, de las 7.500 causas activas, “únicamente quedarían en curso unas 200”. También se reduce el plazo de prescripción tributaria de cinco a tres años, siempre que el contribuyente haya presentado sus declaraciones juradas en término.

La iniciativa incluye además un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, que permitirá regularizar la situación fiscal sin que el Estado cuestione el patrimonio ni los consumos. “Una persona puede comprar cinco departamentos y nosotros solo le vamos a cobrar por lo facturado, menos los gastos deducibles”, ejemplificó Pazo. El régimen prevé un blindaje legal para quienes se adhieran: “Te adherís, pagás y te despreocupás”, sintetizó el funcionario.

El Gobierno insiste en que el espíritu de la ley no es premiar a los evasores, sino “dejar atrás un sistema persecutorio” que impide que muchos ciudadanos formalicen sus ingresos. “Los problemas impositivos se resuelven pagando”, sostuvo Pazo.

En clave política, Espert criticó a las provincias que no adhirieron al convenio necesario para aplicar la normativa, y apuntó especialmente contra Buenos Aires. “Queda en manos de los gobernadores devolverle la libertad a sus ciudadanos o persistir en este sistema perverso. Kicillof es un soviético”, lanzó.

Según datos oficiales, 14 provincias ya firmaron el acuerdo con Nación, y otras dos lo harían en los próximos días. Sin embargo, el proyecto no está exento de controversias. Organizaciones de fiscalización y tributaristas advierten que la iniciativa, si bien puede impulsar el blanqueo de ahorros, también abre el riesgo de legalizar fondos de origen ilícito, en un contexto donde el Estado opta por limitar sus propias herramientas de control.

En palabras del propio Espert, se trata de “un nuevo pacto fiscal con los argentinos”, que plantea un cambio de paradigma: menos vigilancia estatal a cambio de mayor ingreso voluntario al sistema. Para sus detractores, una apuesta riesgosa que exige un delicado equilibrio entre simplificación y permisividad.