
El Gobierno de Javier Milei removió a más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro de la Nación, en medio de crecientes sospechas de filtraciones vinculadas al millonario juicio por la expropiación de YPF. Aunque oficialmente los despidos fueron justificados como parte de una “reestructuración orientada a mejorar la eficiencia”, fuentes cercanas a la Casa Rosada admitieron su preocupación por el manejo interno de la estrategia judicial del Estado.
La Procuración, que depende del Ministerio de Justicia y es clave en los litigios del país, detectó inconsistencias que abrieron la puerta a una hipótesis inquietante: los estudios jurídicos que litigan contra la Argentina parecían tener información anticipada sobre los argumentos de defensa. La sospecha más grave apunta a una posible fuga de datos sensibles que podrían haber beneficiado al fondo Burford, el principal demandante en el juicio radicado en Nueva York, que ya le costó a la Argentina una condena por 16.100 millones de dólares.
En ese contexto, se resolvió avanzar con una fuerte reducción de la estructura del organismo: pasará de seis a cuatro direcciones nacionales, se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado —cuya función será absorbida por un nuevo centro con menos personal— y se recortarán gastos de viajes oficiales.
El titular de la Procuración, Santiago Castro Videla, por ahora mantiene su cargo gracias a su vínculo con Santiago Caputo, uno de los principales asesores del Presidente. Sin embargo, su figura también quedó bajo la lupa, ya que es socio del constitucionalista Alberto Bianchi, quien en su momento fue presentado por Burford como testigo experto en el juicio contra la Argentina. El estudio del que ambos forman parte colaboró con bufetes estadounidenses en esa misma causa.
El conflicto escaló al punto de que el Gobierno estadounidense, durante la gestión de Donald Trump, decidió intervenir como “amicus curiae”, una figura que permite a terceros presentar opiniones ante la Justicia neoyorquina.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía y otras áreas del Ejecutivo insisten en que hubo maniobras internas que perjudicaron al país. La investigación sigue abierta, y el futuro judicial de la Argentina —y el destino de miles de millones de dólares— aún está en juego.