
El presidente Javier Milei ha formalizado los vetos de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Emergencia en Salud Pediátrica, dos iniciativas aprobadas por el Congreso que buscaban fortalecer el presupuesto y las condiciones del sistema educativo superior y de cuidado infantil en Argentina. Estas decisiones se acompañan de críticas desde distintos sectores, así como de manifestaciones planificadas por los docentes y estudiantes universitarios.
Sobre la Emergencia Pediátrica, el decreto presidencial (el 651/2025) argumenta que la ley presentaba definiciones abiertas o ambiguas (“mandatos abiertos”) que complicaban su aplicación, junto con un elevado impacto presupuestario. Entre los elementos cuestionados, están la recomposición salarial del personal de salud pediátrica y residentes, la exención del impuesto a las Ganancias por guardias y horas extras, y los riesgos de afectar programas sanitarios esenciales como vacunación, VIH, tuberculosis y tratamientos oncológicos.
En cuanto al financiamiento universitario, el veto (mediante el decreto 647/2025) rechaza la norma que había sido sancionada el 21 de agosto por el Congreso. Dicha ley se proponía garantizar el sostenimiento de la universidad pública en todo el país, pero Milei sostiene que representa un costo fiscal incompatible con su política de “déficit cero”. Frente al veto, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocó a un paro de 24 horas y a una Marcha Federal para reclamar la reversión del decreto.
A pesar de estos vetos, el Gobierno apuesta públicamente al diálogo político como vía para limar asperezas, especialmente con los gobernadores, en un momento en que se avecinan elecciones nacionales. Pero la contradicción entre ese llamado a la negociación y la firmeza del Ejecutivo para mantener su programa económico —que incluye equilibrio fiscal, control monetario y restricciones al gasto— podría profundizar la conflictividad. El rechazo parlamentario al veto de leyes como la de emergencia en discapacidad ya mostró la capacidad de la oposición para organizar respuestas, pero no siempre alcanza los votos necesarios para hacerlas efectivas.