Gobierno promulgará la nueva Ley de Discapacidad pero suspende su aplicación hasta definir financiamiento

10:48 |El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció que el Ejecutivo nacional publicará la ley sancionada tras el rechazo al veto presidencial, pero postergará su reglamentación hasta contar con los recursos necesarios para su implementación. El presupuesto estimado se eleva a cifras millonarias y genera debates sobre quién absorberá los costos.

El Ejecutivo nacional comunicó que promulgará la nueva Ley de Discapacidad que el Congreso aprobó tras rechazar el veto del presidente Javier Milei, aunque aclaró que no la reglamentará ni aplicará hasta tanto se asegure el financiamiento necesario para su implementación. La confirmación la hizo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien indicó que ese paso no será inmediato.

Francos explicó que aunque la promulgación será un acto formal, su aplicación requiere un decreto reglamentario que defina cómo se pondrá en práctica la norma. “Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso”, señaló, remarcando que la ley abre la posibilidad de otorgar nuevas pensiones por discapacidad. Pero enfatizó que primero debe evaluarse si las pensiones otorgadas previamente fueron correctamente concedidas.

Respecto a la carga fiscal que implicaría, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la nueva ley podría beneficiar con nuevas pensiones a entre 493.000 y 946.000 personas, lo que generaría un gasto adicional equivalente al 0,22 % a 0,42 % del PBI, cifra que en pesos se ubica entre los $1.889.371 y $3.627.495 millones. Además, se suman otros montos para compensaciones de emergencia a prestadores y para talleres de producción relacionados con el sistema de discapacidad.

Entre los puntos más relevantes de la ley se incluyen: que las Pensiones No Contributivas por Discapacidad se otorguen a quienes tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD), cumplan ciertos requisitos de ingresos (hasta dos salarios mínimos vitales y móviles), no reciban planes similares y pasen una evaluación socioeconómica; que la asignación equivalga al 70 % del haber mínimo jubilatorio; su compatibilidad con empleo registrado bajo ciertas condiciones; la transformación automática de pensiones ya otorgadas para evitar trámites; y el fortalecimiento de prestaciones básicas de atención integral, además de la regularización de deudas fiscales y de seguridad social en el sistema.