Seguridad controlará el Registro de Datos Genéticos tras la nueva reglamentación del Ejecutivo

El Gobierno nacional reglamentó la Ley 26.879 que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal. A partir del decreto 709/2025, la autoridad de aplicación pasó a ser el Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, desplazando a Justicia de esa función.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, estableció que toda la información acumulada en el registro deberá ser transferida al nuevo sistema administrado por Seguridad. La normativa reemplazó la reglamentación de 2017 y definió los procedimientos para designar a las autoridades responsables de su gestión.

Uso forense y delitos graves

Según la resolución, la individualización genética se considera “la herramienta más eficaz y certera usada para la identificación criminal”. En ese sentido, el registro incorporará perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados por homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

La reglamentación también subraya que el banco de datos servirá para identificar presuntos autores, desvincular a inocentes y contribuir al esclarecimiento de causas judiciales. Además, se incorporarán perfiles para la búsqueda de personas desaparecidas, extraviadas o fallecidas, y para discriminar huellas del personal que trabaja en escenas delictivas.

Confidencialidad y protección de datos

El texto oficial enfatizó que el almacenamiento, registro y tratamiento de la información se harán bajo “estricto secreto y confidencialidad”. Para ello, se aplicarán los principios de la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326 y los convenios internacionales firmados por la Argentina.

A su vez, los perfiles genéticos deberán almacenarse en bases separadas de la información filiatoria de los aportantes. También se exigirá registrar la identidad de los funcionarios que accedan al sistema, garantizando trazabilidad y seguridad en la administración.

Una herramienta contra la impunidad

En los considerandos, se destacó que el registro contribuirá a evitar la revictimización derivada de delitos impunes. El objetivo central, señalaron, es ampliar las capacidades de la investigación criminal y ofrecer una respuesta más efectiva frente a los delitos graves que preocupan a la sociedad.

La decisión de traspasar el organismo a Seguridad marca un cambio en la política de gestión del registro, reforzando el rol de ese ministerio en el control y administración de herramientas forenses clave para el sistema judicial.