Envuelto en varias polémicas, el Colegio de Corredores de San Isidro cumple 60 años

Indiferente a los reveses judiciales que desestimaron diversos hostigamientos contra colegiados, la conducción del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro celebra los 60 años de la institución y hace gala de un espacio de coworking “creado para conectar, compartir y crecer junto a otros profesionales”.

El 18 de septiembre pasado, con motivo del aniversario del Colegio, la presidenta Paula Méndez escribió una carta abierta a los “colegas que ejercen conforme a la ley”. Además de indicar que los profesionales son irremplazables, Méndez afirmó: “A 60 años de la apertura de sus puertas, el Colegio Departamental de San Isidro no sólo continúa vigente, sino que sigue creciendo. Pronto todos los matriculados podremos hacer uso de nuestro cowork profesional, una herramienta pensada tanto para los nuevos profesionales que aún no cuentan con una oficina a la calle, y que encontrarán en este espacio una opción práctica, moderna y elegante para recibir a sus clientes, como también para quienes, con trayectoria consolidada, se animan a innovar y adaptar sus herramientas a las nuevas realidades del ejercicio profesional”. 

Aunque los comentarios en redes sociales son sistemáticamente eliminados, decenas de matriculados salieron a criticar “la fantochada disfrazada de desarrollo” y recordaron que “hace años que el Colegio no invierte realmente en la formación y el acompañamiento de los profesionales”.

Lo cierto es que, más allá de vanagloriarse del “compromiso y la valentía para afrontar cada desafío”, Méndez omitió referirse a uno de los más recientes fallos contra el Colegio de San Isidro. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín rechazó de forma rotunda las sanciones impuestas contra una corredora de ese distrito, por estar basadas “en una valoración parcial y arbitraria de la prueba”.

La corredora sancionada había impugnado la resolución del Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, que confirmó una multa impuesta por el Tribunal de Disciplina del Colegio de San Isidro, por supuesta infracción al artículo 53 de la Ley 10.973, al considerar que actuaba “bajo otra denominación”, por trabajar con una empresa que brinda servicios inmobiliarios complementarios. 

Sin embargo, la Cámara sostuvo que la corredora ejerce el corretaje bajo su propio nombre y matrícula y que la mención a la marca de la empresa sólo refleja servicios complementarios, sin sustituir su identidad profesional. Como muchas otras veces, el Colegio de San Isidro –y su Tribunal de Disciplina– “confundió” la comunicación comercial publicitaria con el acto profesional.

Además de ese y otros reveses judiciales que enojan a cientos de matriculados (advierten que esas persecuciones legales implican millonarios gastos para el Colegio), Méndez y el actual Consejo Directivo están bajo la lupa por haber transformado el Tribunal de Disciplina en lo que muchos corredores denominan “una potente herramienta de presión”. Hace unos meses, el Consejo Directivo del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) ratificó la sanción dispuesta por el Tribunal de Ética y Disciplina de ese Colegio contra Paula Méndez: la imposibilidad de que Méndez haya sido juzgada por el Tribunal de Disciplina de su jurisdicción responde, justamente, a los vicios de parcialidad.

En un fallo unánime, la presidenta del Colegio de San Isidro había sido multada por incurrir en prácticas contrarias a los deberes y las prohibiciones éticas establecidas en la normativa de los profesionales corredores. A raíz de una denuncia realizada en 2022 por varios corredores inmobiliarios contra Méndez, el Tribunal de Ética y Disciplina del CUCICBA consideró que, a través de su actitud, la corredora denunciada violó las normas vigentes, al tiempo que su accionar derivó “en una competencia desleal con los propios colegas”.

Asimismo, el fallo afirmó que la presidenta del CMCPSI no manejó la publicidad con la claridad y transparencia debidas. En los argumentos, le recordaron a Méndez que “se compite por servicios, no por honorarios”, y que “se profesan valores y no se persigue la rentabilidad a ultranza”. 

En un contexto de creciente descontento con su gestión y tras haber guardado silencio frente a temas particularmente sensibles –y que incluso rozan lo ilegal–, el espacio de coworking inaugurado por Méndez aparece como una provocación ante cientos de matriculados descontentos en San Isidro.