El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) eliminó las eximiciones arancelarias que beneficiaban a la agricultura familiar y a otros actores de pequeña escala. La medida fue oficializada mediante la Resolución 232/2025 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Según el texto oficial, la decisión forma parte de una “reorganización de las políticas arancelarias” del organismo, con el objetivo de que “todos los actores se encuentren en un pie de igualdad”. Sin embargo, el cambio implica que pequeños productores deberán comenzar a pagar por servicios que hasta ahora eran gratuitos, como análisis de laboratorio, inspecciones y exámenes sanitarios, algunos de ellos de carácter obligatorio.
En total, se trata de casi 150 trámites que dejarán de ser gratuitos. Además, la norma derogó cinco resoluciones previas que establecían estos beneficios y redujo a solo siete las entidades que mantendrán algún tipo de eximición —en su mayoría organismos estatales— y 20 los trámites que seguirán exceptuados del pago.
La decisión también afecta a instituciones educativas, como la Escuela Secundaria N°721 “Caleta Horno”, ubicada en la localidad chubutense de Camarones. El establecimiento había sido eximido en 2013 del pago por inspecciones sanitarias vinculadas a la práctica profesional de sus estudiantes, que egresan como técnicos en biología marina, pesca y agricultura.
Con esta medida, el gobierno nacional busca uniformar el esquema de cobros del SENASA, pero al hacerlo deja en una situación crítica a los productores familiares y a espacios formativos que dependen de esos servicios para sostener su actividad.