El Gobierno simplificará los trámites para importar y exportar armas y explosivos

El Gobierno oficializó este martes una medida que modifica de raíz la forma en que se autorizan las importaciones y exportaciones de armamento en el país. A partir del 2 de diciembre, todos los permisos deberán tramitarse exclusivamente de manera digital a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEA), según se detalló en el Boletín Oficial.

La iniciativa, presentada como un avance hacia la “simplificación administrativa”, generó preocupación inmediata en especialistas en seguridad, exfuncionarios y organizaciones que monitorean la circulación de armas y explosivos. El temor principal: que la digitalización llegue sin el nivel de robustez que exige un sistema de alto riesgo.

Un salto tecnológico sin los blindajes necesarios

La Agencia Reguladora de Armas de Fuego (ARCA) sostiene que el nuevo esquema permitirá mejorar la eficiencia y la trazabilidad. Sin embargo, referentes en ciberseguridad remarcan que las plataformas estatales arrastran antecedentes de vulnerabilidades, caídas y fallas en la verificación de identidad.

En un trámite vinculado directamente al movimiento de armas —donde una brecha digital puede habilitar operaciones fraudulentas o desvíos hacia circuitos ilegales—, los cuestionamientos se multiplican. Hasta el momento, ARCA no informó si habrá auditorías externas, protocolos avanzados de cifrado o sistemas automáticos de detección de operaciones sospechosas, herramientas consideradas básicas en organismos internacionales especializados.

Menos controles presenciales, más puntos ciegos

Otro de los focos de inquietud es la reducción de la intervención directa de los organismos de control. Al trasladar todo el proceso al entorno digital, se desdibuja la posibilidad de realizar verificaciones físicas, un mecanismo clave en otros países para evitar envíos adulterados, declaraciones falsas o triangulaciones.

Para especialistas del sector, la simplificación corre el riesgo de transformarse en debilitamiento de controles. La medida tampoco aclara cómo se integrarán las bases de datos de aduanas, fuerzas de seguridad y organismos internacionales, algo indispensable para detectar patrones irregulares y prevenir desvíos.

Agilidad no es sinónimo de trazabilidad

Aunque ARCA asegura que el sistema permitirá un seguimiento completo de cada trámite, analistas remarcan que la trazabilidad real no se limita a un expediente electrónico. Implica cruzar información, verificar antecedentes de operadores, revisar autorizaciones previas y controlar el traslado físico del material.

Sin una infraestructura sólida, la digitalización podría dejar grietas que faciliten maniobras ilegales o habiliten a empresas con historial dudoso a operar bajo nuevas identidades comerciales.

Un cambio profundo sin debate ni consenso

El anuncio llega en medio de una agenda de desregulación estatal que prioriza la agilización de procesos por encima del refuerzo de los controles. El viraje se implementó sin consulta previa al Congreso ni informes públicos sobre su impacto potencial.

En un país con fronteras extensas, antecedentes de tráfico ilícito y ramificaciones del crimen organizado vinculadas a desvíos de armamento, un cambio de este calibre exigiría mayor transparencia y discusión política.

Mientras tanto, la medida avanza. Para el Gobierno, es un paso hacia la modernización administrativa. Para quienes siguen de cerca el tema, es una digitalización acelerada y vulnerable, con riesgos que no quedan únicamente en la pantalla: pueden sentirse en las calles, en los pasos fronterizos y en los mercados donde un arma en manos equivocadas nunca es un detalle.