El Gobierno nacional concretó la primera adjudicación dentro de su plan de privatización de corredores viales, un proceso que llevaba más de un año en marcha. La concesión corresponde a la llamada “ruta del Mercosur”, que abarca las rutas nacionales 12 y 14, además del tramo de conexión del puente Rosario–Victoria, un corredor estratégico para el transporte de cargas hacia los países de la región.
La resolución del Ministerio de Economía asignó el Tramo Oriental —que incluye las rutas 12 y 14— a la firma Autovía Construcciones y Servicios, empresa que integra el grupo Cartellone. Su propuesta tarifaria ubicó el peaje en $3563,45 una vez que se habilite el cobro pleno. El otro segmento, denominado Tramo Conexión, quedó en manos del consorcio integrado por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, con una tarifa proyectada de $3385,80.
Ambas empresas desplazarán a otros oferentes históricos del sector, entre ellos Eleprint, Supercemento, Panedile, Chediack y Roggio, cuyas propuestas fueron rechazadas. Según fuentes oficiales, los nuevos concesionarios asumirán la operación de los tramos a mediados de diciembre, una vez firmada la documentación final.
Si bien actualmente los peajes del corredor se encuentran sin cobro, las tarifas no se aplicarán de inmediato. El Gobierno estableció que las empresas sólo podrán comenzar a percibirlas cuando las rutas alcancen la denominada “transitabilidad óptima”, lo que implica trabajos previos de repavimentación, señalización e iluminación. Mientras tanto, al iniciar la concesión, el valor inicial de referencia rondará los $2000.
La adjudicación pone fin a un extenso conflicto entre el Estado y el anterior concesionario, el consorcio Caminos del Río Uruguay (Crusa), que devolvió la operación a Vialidad Nacional entre reclamos cruzados por incumplimientos, obras no ejecutadas, multas millonarias y una demanda judicial por US$300 millones aún en trámite.
En paralelo, el Ejecutivo trabaja en nuevas privatizaciones: el corredor Sur–Atlántico–Acceso Sur, de 1325 kilómetros, y el Tramo Pampa sobre la ruta nacional 5. Con estos procesos, el Gobierno busca reactivar obras, mejorar el estado de los caminos y avanzar hacia un esquema de financiamiento vial sostenido en el pago de peajes.
