En medio de un escenario crítico por los incendios forestales que avanzan sobre amplias zonas del sur del país, los gobernadores de las provincias patagónicas reclamaron al Congreso de la Nación que declare la emergencia ígnea a nivel nacional. El pedido se realizó este martes durante una conferencia de prensa conjunta de los mandatarios de las cinco jurisdicciones afectadas, con el objetivo de acelerar la llegada de recursos y reforzar el combate contra el fuego.
La iniciativa fue impulsada por el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, quien remarcó la necesidad de activar herramientas excepcionales que permitan una mayor coordinación entre las provincias y el Estado nacional. En su distrito, las llamas ya consumieron alrededor de 45 mil hectáreas, dentro de un total que ronda las 230 mil en toda la región.
Según los datos oficiales difundidos, La Pampa es la provincia más afectada, con unas 168 mil hectáreas quemadas. Le siguen Río Negro, con 10 mil; Neuquén, con 6 mil; y Santa Cruz, con aproximadamente 700 hectáreas dañadas. “El fuego no reconoce fronteras ni diferencias políticas. Por eso le pedimos a todos los bloques del Congreso que acompañen esta iniciativa con la urgencia que la situación demanda”, expresó Torres.
Tras el anuncio, el proyecto recibió respaldos de distintos sectores políticos. La Unión Cívica Radical y el expresidente Mauricio Macri manifestaron su apoyo, al igual que legisladores nacionales del peronismo. Desde el gobierno de La Pampa, que encabeza Sergio Ziliotto, destacaron el acompañamiento de diputados y senadores del Partido Justicialista.
Pese al consenso político inicial, el tratamiento legislativo enfrenta un obstáculo: el Congreso recién volvería a sesionar la próxima semana y el proyecto de emergencia ígnea no forma parte del temario de las sesiones extraordinarias, lo que impediría su debate inmediato.
La iniciativa propone declarar la emergencia ígnea en los términos de la Ley 27.287 y establecer zonas de desastre en los territorios afectados. Esto permitiría habilitar mecanismos excepcionales para la gestión del riesgo, la protección civil y la asistencia directa a las comunidades damnificadas.
Además, el proyecto autoriza a la Agencia Federal de Emergencias —o al organismo que la reemplace— a disponer de los recursos presupuestarios necesarios para la prevención y el combate de incendios forestales y rurales, la mitigación de daños, la recomposición de pérdidas y el apoyo logístico y financiero a provincias y municipios en emergencia.