Advierten sobre la “ruta del dinero” detrás de los Colegios inmobiliarios

El debate sobre si el corretaje inmobiliario es una actividad comercial o profesional ha llevado a diferentes legisladores –que impulsan leyes para restaurar el sentido original de la actividad inmobiliaria– a remarcar que el corretaje representa una actividad comercial, por lo que “no necesita matrículas obligatorias, ni rituales burocráticos, ni órdenes de control profesional”.

En el mismo sentido se ha expresado recientemente Jorge Amoreo Casotti, CEO y fundador de la proptech Pint: “Hace años que los defensores del modelo de colegios inmobiliarios monopólicos vienen repitiendo que el corretaje no es comercio, sino una ´profesión científica´, casi al nivel de la medicina o la ingeniería. Para sostener esa idea absurda se construyó un relato tan insólito como prolijo: títulos universitarios obligatorios, colegios con exclusividad forzosa, códigos de ética, jurisdicciones cerradas y discursos solemnes sobre la defensa del consumidor y la calidad del servicio”.

Casotti agrega que ese “decorado” se sostiene gracias a las cajas previsionales y afirma: “No es prestigio: es un andamiaje de recaudación permanente, blindado por normas, respaldado por mecanismos ejecutivos y sostenido por una idea clave: que no haya salida simple”. Según el CEO de Pint, las actas de inspección confirman la otra mitad del mecanismo: “Esta herramienta no se limita a ´verificar aportes´: se estructura como un dispositivo de auditoría total”.

Y sentencia: “La narrativa de ´profesión científica´ funciona como la excusa que habilita una arquitectura cerrada: aduana de ingreso, disciplina corporativa, aportes obligatorios y un ente recaudador con facultades de inspección expansiva, presunción de ingresos y ejecución judicial facilitada. Por eso, cada vez que se habla de abrir el mercado, de permitir que existan alternativas reales de certificación de idoneidad, de organización y de previsión, el reflejo corporativo es inmediato y furioso. No se defiende ciencia, ni ética, ni consumidor. Se defiende un engranaje que necesita que la intermediación sea tratada como ´profesión regulada´ para sostener su caja, sus bonos, su control y su capacidad de disciplinar a cualquiera que quiera competir, innovar o simplemente trabajar sin someterse al circuito”.

Tal como sostienen diversos analistas, Casotti considera que si la intermediación inmobiliaria se entiende como lo que realmente es (conectar oferentes y demandantes a cambio de una comisión), el marco natural que la ordena es el derecho común: contratos entre partes, responsabilidad civil, reglas de información y publicidad, y defensa del consumidor donde corresponda. “En ese terreno, la reputación, el precio, la velocidad, la transparencia y la calidad se ganan todos los días. No se heredan por decreto”, añade el empresario, al tiempo que pone el foco en requisitos que “funcionan como peaje”, como título específico obligatorio, matrícula compulsiva, monopolio territorial y régimen previsional de adhesión forzada.

Finalmente, Casotti asegura: “La salida no requiere épica, requiere precisión. Llamar a las cosas por su nombre. Reconocer que el corretaje es intermediación comercial. Que la idoneidad se puede asegurar con requisitos razonables y responsabilidad efectiva, sin exclusividades forzosas ni cajas obligatorias. Que las instituciones pueden existir, y deberían, si agregan valor, pero compitiendo por adherentes, con auditorías abiertas, buen gobierno, estándares verificables, seguros claros, capacitación dinámica y mecanismos modernos de reclamo y reparación. La calidad no se decreta, se prueba. Y la previsión social, por su importancia, debería estar del lado de la persona, no del lado de la trampa que impide elegir. Cuando la previsión se usa para capturar, deja de ser previsión. Y cuando el ´cuidado´ se usa para cerrar mercados, deja de ser cuidado para volverse paradójicamente solo control e ´im-previsión anti-social´”.