LLA acordó con la oposición fijar en 14 años la edad de imputabilidad y convocan a sesionar

El oficialismo nacional alcanzó un acuerdo clave con bloques de la oposición dialoguista para avanzar con la reforma del régimen penal juvenil y convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para la próxima semana. El punto central de la iniciativa, la edad mínima de imputabilidad, quedó finalmente establecida en 14 años, dejando de lado la propuesta original del Poder Ejecutivo que la fijaba en 13.

La definición se selló tras una reunión encabezada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, junto a referentes de los distintos bloques parlamentarios. Allí se acordó avanzar con el dictamen consensuado en mayo del año pasado, que había perdido estado parlamentario en diciembre y que ahora será reactivado durante el período extraordinario de sesiones.

Desde el oficialismo reconocieron que no contaban con los votos necesarios para imponer el proyecto original y aceptaron el esquema impulsado por el PRO y la UCR, que condicionaron su acompañamiento a que la edad mínima se elevara a 14 años. “Es la ley posible”, admitieron fuentes libertarias tras el encuentro.

Según el cronograma previsto, el martes se constituirán las comisiones correspondientes y el miércoles se ratificará el dictamen, con la intención de llevar el debate al recinto el jueves. En La Libertad Avanza aseguran contar con al menos 136 votos para habilitar la sesión, por lo que el proyecto tendría altas chances de avanzar también en el Senado antes del cierre del período extraordinario, el 1 de marzo.

La iniciativa establece que los menores imputables solo podrán recibir penas de hasta 15 años en casos de delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. Además, fija que la privación de la libertad será una medida excepcional y prioriza sanciones alternativas, como tareas comunitarias, restricciones de acercamiento o mecanismos de reparación del daño.

Durante las negociaciones, los bloques provinciales plantearon la necesidad de que el Estado nacional asuma los costos que implicará la implementación del nuevo régimen en las jurisdicciones. En ese marco, el oficialismo aceptó incorporar una cláusula que habilita la firma de convenios entre la Nación y las provincias para financiar la aplicación del sistema.