El Senado de la Nación dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares tras una votación ajustada que terminó con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. La aprobación fue celebrada con entusiasmo por el oficialismo desde los palcos del recinto, donde siguieron la sesión referentes del Gobierno nacional.
La iniciativa introduce modificaciones a la ley 26.639, vigente desde 2010, y redefine los criterios de protección sobre el ambiente periglaciar. El punto central del proyecto es la diferenciación entre aquellas formaciones que cumplen una función hídrica estratégica —como reserva de agua dulce y reguladoras de cuencas— y aquellas que no pueden acreditar ese rol de manera comprobable.
En términos prácticos, la reforma mantiene la prohibición de actividades económicas sobre glaciares, pero habilita la posibilidad de desarrollar emprendimientos en determinadas áreas periglaciares que no tengan función hídrica demostrada. Desde el oficialismo argumentaron que el cambio busca corregir “ambigüedades” que durante años habrían frenado inversiones mineras e hidrocarburíferas, especialmente en provincias cordilleranas.
El proyecto también crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración y actualización quedará en manos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo coordinación de la Secretaría de Energía. Ese registro deberá identificar y clasificar glaciares y formaciones periglaciares, determinando cuáles cumplen funciones hídricas.
La sesión estuvo precedida por incidentes en las inmediaciones del Congreso, donde activistas ambientales protagonizaron protestas y se registraron detenciones. Dentro del recinto, el debate fue extenso y marcado por cruces entre oficialismo y oposición.
Desde el bloque libertario defendieron la reforma al sostener que no elimina protecciones esenciales y que permitirá compatibilizar desarrollo productivo y cuidado ambiental. En contraposición, senadores del justicialismo, el kirchnerismo y otros espacios advirtieron que la modificación implica un retroceso en materia ambiental y podría afectar reservas de agua estratégicas en regiones patagónicas y cordilleranas.
Algunos legisladores señalaron que las zonas periglaciares representan un porcentaje significativo del recurso hídrico aguas abajo y cuestionaron la falta de consenso social para avanzar con cambios en una norma considerada de presupuestos mínimos ambientales.
Con la media sanción ya otorgada, el proyecto deberá ser debatido en la Cámara de Diputados una vez iniciado el período ordinario. Allí se anticipa una discusión igualmente intensa, mientras el Gobierno busca consolidar una de las reformas centrales de su agenda y sectores opositores y ambientalistas prometen dar batalla para frenar su aprobación definitiva.