Comienzan las audiencias por la reforma de la Ley de Glaciares con fuerte polémica

La Cámara de Diputados dará inicio este miércoles a la primera audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, en medio de cuestionamientos al formato elegido para el debate y con una amplia participación de expositores.

La jornada comenzará a las 10 de la mañana y contará con 200 oradores presenciales, mientras que otros 200 participarán el jueves de manera virtual, en el marco de un esquema mixto impulsado por La Libertad Avanza.

El sistema fue diseñado ante la alta convocatoria, con más de 100 mil personas inscriptas, aunque solo unas 400 podrán exponer de forma oral. El resto deberá presentar su opinión mediante escritos o videos.

Cuestionamientos al formato

La modalidad elegida generó críticas por parte de organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición, que reclaman ampliar la cantidad de jornadas y garantizar mayor participación.

Además, se espera que durante la audiencia surjan planteos por la limitación del tiempo de exposición, ya que cada orador contará con un máximo de cinco minutos para intervenir.

Pese a estos cuestionamientos, el oficialismo ratificó el cronograma previsto para los días 25 y 26 de marzo.

Operativo y cortes en el Congreso

En paralelo, se dispuso un operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso, con cortes de tránsito en distintos accesos clave desde las primeras horas del día.

Entre las zonas afectadas se encuentran Avenida Entre Ríos y Alsina, Rivadavia y Sarandí, Callao y Mitre, entre otros puntos, por lo que se recomienda evitar la zona.

Además, durante la tarde está prevista una movilización de organizaciones ambientalistas, que insistirán con el pedido de extender las audiencias.

Frente judicial abierto

El debate también se da en un contexto de judicialización. Un primer pedido para suspender las audiencias fue rechazado por la Justicia, aunque aún resta resolución sobre otra cautelar presentada por organizaciones ambientalistas.

Estas entidades solicitan que se garantice la participación de todos los inscriptos en el proceso, en una discusión que combina aspectos técnicos, políticos y ambientales sobre el futuro de la normativa.