jueves 26 de marzo de 2026 - Edición Nº2668

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El Gobierno lanzó la privatización total de Intercargo y busca venderla por licitación

09:31 |La medida fue oficializada en el Boletín Oficial. La empresa estatal de servicios de rampa será vendida en su totalidad, con continuidad operativa garantizada.



El Gobierno nacional avanzó con la privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa y traslado de equipajes en aeropuertos, al oficializar el llamado a licitación nacional e internacional para su venta total.

La decisión se formalizó a través de la Resolución 282/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se establece la venta del 100% del paquete accionario actualmente en manos del Estado.

Venta total y salida del Estado

Según lo dispuesto, la operación implicará la transferencia integral de la compañía y la salida completa del Estado Nacional, sin participación residual ni presencia en el directorio.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado la medida y precisó que la privatización se realizará bajo la modalidad de “empresa en marcha”, lo que implica que el comprador deberá mantener la estructura operativa vigente.

En ese sentido, se garantizará la continuidad de los servicios, así como los contratos y licencias en los 16 aeropuertos donde Intercargo actualmente opera.

Condiciones y alcance

El proceso incluye una base mínima de US$45,1 millones para la adquisición de la empresa, que cuenta con alrededor de 1.500 trabajadores.

Además, el adjudicatario deberá absorber la operación completa, asegurando la prestación de servicios en todas las terminales donde Intercargo tiene presencia.

Un paso dentro del plan de reformas

La privatización de Intercargo fue habilitada por la Ley Bases, sancionada en 2024, que incluyó a la empresa dentro del listado de compañías sujetas a venta.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno avanzó en la desregulación del sector aerocomercial, eliminando el monopolio de Intercargo y permitiendo el ingreso de nuevos operadores en los servicios de rampa.

Con esta medida, el Ejecutivo profundiza su estrategia de reducción del rol del Estado en empresas públicas, en línea con su programa económico.

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