
El martillero Víctor Echeverría, miembro de la Comisión de Fiscalización de Subastas y Sorteo del Colegio y matriculado en la organización, fue quien llevó adelante subastas sin haber denunciado nunca irregularidades al respecto. En particular, la investigación liderada por el fiscal Alejandro Pellegrinelli verificó, hasta el momento, un caso en el que la banda blindó el salón de Subastas del Colegio de Martilleros de Mar del Plata para impedir la entrada a potenciales compradores de un establecimiento rural de 29 hectáreas, en el partido de General Alvarado.
El fiscal que llevó a juicio oral en Mar del Plata a 25 imputados acusados de formar parte de la Liga de Compradores Inmobiliarios, acusados de manipular con intimidaciones y violencia subastas judiciales, disparó contra el Colegio de Martilleros liderado, desde 1994 por Donsini, por la “omisión”, como mínimo, de los hechos que se desarrollaron por al menos 20 años.
“Muchos de los integrantes del Colegio de Martilleros descartan la idea de una agrupación, a modo de asociación ilícita, que operaba en las instalaciones de su propio colegio. Pero tampoco ha habido sanciones desde el punto de vista de la potestad disciplinaria que tiene el Colegio sobre sus propios colegiados y tampoco lo ha sido a título de denunciante de las situaciones vividas en el interior de la sala de subastas del propio colegio. Evidentemente ha habido, cuanto menos, una omisión por parte de las autoridades de los últimos no menos de 25 o 30 años, que permitieron la instalación de este grupo o la comodidad de este grupo para operar de la manera que lo hacía".
Como evidencia de esto, el fiscal describe el caso de un remate en cuya acta de la subasta consta que había quince personas en el salón; aunque las grabaciones de las cámaras de seguridad indicaron la presencia de sólo cinco asistentes, entre los que no estaba el comprador del campo. Uno de los presuntos jefes de la Liga, Roberto Larluz, compró las tierras en $ 666.000, apenas $ 938 por encima del precio fijado como base. Según fuentes de la investigación, tan burda resultó la maniobra que el martillero Víctor Echeverría no había terminado de leer el acta, cuando Larluz presentó la oferta y se adjudicó el remate, en menos de treinta segundos.
Por este y otros hechos, el fiscal considera que había elementos objetivos “que daban cuenta de la ocurrencia de este tipo de hechos graves en el seno de las subastas judiciales llevadas a cabo en el Colegio de Martilleros del departamento judicial Mar del Plata”.
Según las investigaciones, esta asociación ilícita habría adquirido inmuebles por una suma superior a los 10 millones de dólares. Oscar Larluz, Luis Puga y Héctor Héctor Monteros están acusados de organizar y dirigir los movimientos del grupo que efectuaba las compras mediante intimidaciones.
“El Colegio tuvo un desempeño lamentable frente al accionar de la organización que operaba en distintos remates de bienes”, reveló el fiscal en declaraciones el programa Telediario, que se emite por canal 10. También subrayó que “la investigación permitió detectar las conductas que tenían los miembros de La Liga para obtener beneficios económicos. No se puede dar un número preciso de los damnificados, pero hubo gente que perdió todo su patrimonio”.
La investigación llevada adelante en Mar del Plata mostró cómo se manipulaban las subastas judiciales, con el objetivo de bajar o elevar el monto exigido en el trámite a fin de que los integrantes de la Liga se pudieran quedar con los bienes subastados. Para ello, recurrían al amedrentamiento de otros posibles compradores, el que se daba de manera violenta.
En una entrevista concedida a Entrelineas.info al momento de conocerse la detención de los principales miembros de La Liga en Mar del Plata, el entonces presidente del Colegio de Martilleros de Dolores, Daniel Manganiello, señaló la existencia de varias Ligas de Compradores con actuación en otros lugares de la Provincia.