El Gobierno fue a la Corte para evitar pagar aumentos a universidades y pidió apartar a los jueces

El Gobierno nacional llevó a la Corte Suprema de Justicia su intento por frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que lo obliga a actualizar salarios docentes y programas de becas. A través de un recurso extraordinario, el Ejecutivo busca que se revoque la medida cautelar dictada por la Justicia que ordena el cumplimiento inmediato de la norma.

En paralelo, la administración de Javier Milei solicitó que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se aparten del caso. El planteo se basa en que los tres magistrados mantienen vínculos con la docencia universitaria —ya sea en ejercicio o con licencia—, lo que, según el Gobierno, comprometería su imparcialidad.

La presentación fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano y el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, luego de fallos adversos tanto en primera instancia como en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En esas instancias, la Justicia ordenó al Estado aplicar la ley y actualizar las partidas correspondientes.

Desde el Ejecutivo sostienen que cumplir con esa obligación implicaría un impacto fiscal crítico. Según sus cálculos, sería necesario destinar más del 90% del presupuesto de gastos primarios al financiamiento universitario, lo que —afirman— generaría un “colapso financiero” y una “parálisis significativa” del funcionamiento estatal.

En ese sentido, advirtieron que se verían afectados servicios esenciales, como la seguridad, el funcionamiento del Poder Judicial y la provisión en cárceles. También argumentaron que la medida judicial interfiere en la división de poderes al obligar al Ejecutivo a ejecutar gastos sin financiamiento previsto.

El Gobierno defendió además el Decreto 759/2025, mediante el cual suspendió la aplicación de la ley universitaria, al señalar que responde a normas de administración financiera que impiden ejecutar gastos sin respaldo presupuestario. En esa línea, recordó que la legislación vigente exige que toda erogación cuente con fuentes de financiamiento explícitas.

El conflicto judicial se inició en octubre de 2025, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores presentaron un amparo para declarar inconstitucional ese decreto. Como medida urgente, solicitaron la actualización de salarios y becas, lo que fue concedido por la Justicia y luego ratificado por la Cámara.

Con este nuevo paso ante la Corte Suprema, el Gobierno busca revertir esas decisiones y suspender la obligación de pago mientras se resuelve el fondo de la cuestión. El planteo se da en un contexto de fuerte debate político y social en torno al financiamiento del sistema universitario público.