La Justicia Federal avanza con una serie de medidas en la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una semana marcada por declaraciones testimoniales en los tribunales de Comodoro Py. El objetivo es esclarecer la compra de propiedades y el financiamiento de obras, bajo sospecha de posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas.
El fiscal Gerardo Pollicita intenta reconstruir el origen de los fondos utilizados en la adquisición de al menos tres inmuebles, así como en las refacciones realizadas en uno de ellos. En ese marco, convocó a distintos actores vinculados a las operaciones para obtener información clave sobre los movimientos económicos.
Las audiencias comenzaron este lunes con la citación de integrantes de la inmobiliaria que intervino en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La fiscalía busca precisar el valor real de la transacción y las condiciones en las que se concretó la operación, a partir de documentación ya incorporada al expediente.
El miércoles será el turno de un presunto intermediario señalado en la causa, quien habría tenido participación en una hipoteca privada por 200.000 dólares otorgada por dos jubiladas. Según la investigación, las mujeres habrían financiado la compra sin conocer directamente al funcionario, lo que despertó dudas sobre el mecanismo utilizado.
Otro de los ejes del expediente está centrado en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Allí se realizaron reformas de alto costo, por lo que el viernes deberá declarar el constructor a cargo de las obras. Se le solicitó que aporte presupuestos, facturas y registros de comunicación para determinar quién asumió esos gastos y si coinciden con los ingresos declarados por Adorni.
Además, la Justicia busca comparar los valores de mercado de las propiedades con los consignados ante la Oficina Anticorrupción. En ese contexto, también se requirió información sobre gastos vinculados al country, como la cuota de ingreso y las expensas, que figurarían a nombre de su esposa.
La ronda de testimonios se extenderá hasta el lunes 27 de abril, cuando declare el vendedor de una de las propiedades. Con estos elementos, la fiscalía apunta a definir si existieron irregularidades en la evolución patrimonial del funcionario.