El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley Nacional de Salud Mental y abrió un fuerte debate con las provincias, que ya manifestaron su rechazo a la iniciativa por considerar que implica retrocesos en derechos y falta de consenso federal.
Las objeciones se expresaron durante el Tercer Encuentro Federal de Salud Mental, realizado en el marco del Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), donde participaron autoridades sanitarias de 18 jurisdicciones junto a representantes del sistema público.
Cuestionamientos al proyecto
Desde las provincias advirtieron que la propuesta no fue discutida previamente y señalaron que “no fueron consultadas en el proceso de elaboración”, lo que consideraron una vulneración del federalismo sanitario.
Además, alertaron que la reforma “implica un retroceso en materia de derechos”, al retirar fuentes de financiamiento, sumar barreras de acceso en situaciones de urgencia e internación y debilitar el enfoque comunitario vigente.
Aumento de la demanda
El rechazo también se apoya en el contexto actual del sistema. Según datos analizados durante el encuentro, en 2025 las internaciones por salud mental crecieron un 77% y la demanda ambulatoria aumentó un 134%, lo que genera una fuerte presión sobre el sistema público.
En ese escenario, las autoridades remarcaron que la situación se da en un marco de desfinanciamiento y advirtieron sobre el impacto del contexto social y económico en el incremento de los padecimientos.
Qué propone la reforma
El proyecto impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación busca modificar aspectos centrales de la ley vigente desde 2010. Entre los cambios, plantea redefinir los criterios de internación, ampliar los dispositivos de atención y actualizar los registros para mejorar la planificación del sistema.
También propone reemplazar el término “padecimiento mental” por “trastornos mentales o del comportamiento” y dar mayor intervención al diagnóstico médico especializado, especialmente en psiquiatría.
Reclamo de las provincias
Frente a este escenario, las jurisdicciones pidieron reactivar el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA) como ámbito de discusión y construcción de políticas públicas.
Asimismo, advirtieron que cualquier reforma que reduzca recursos o limite el acceso a la atención podría profundizar la crisis actual en salud mental, en un contexto de creciente demanda en todo el país.