La Justicia de Santa Fe confirmó la quiebra de SanCor y abrió un escenario crítico para una de las históricas empresas del sector lácteo. La medida llega tras el fracaso del concurso preventivo y deja en riesgo a 914 trabajadores, en medio de una profunda crisis financiera.
La resolución fue dictada por el juez Marcelo Gelcich, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, luego de que la propia firma reconociera que no podía sostener sus compromisos económicos ni cumplir con el plan de pagos presentado para salir de la crisis.
Una deuda que volvió inviable la continuidad
Según consta en el expediente, la empresa acumulaba un pasivo cercano a los 120 millones de dólares y deudas con más de 1.500 acreedores. Durante el proceso judicial, además, la situación se agravó: la firma incrementaba su pasivo a un ritmo estimado de 3.000 millones de pesos mensuales.
Entre los principales compromisos pendientes figuran más de 12.700 millones de pesos en salarios adeudados, más de 6.300 millones en deudas impositivas y previsionales, y otros 3.300 millones vinculados a aportes con obras sociales y sindicatos. A eso se suman deudas comerciales superiores a los 13.000 millones de pesos.
El fallo sostiene que se trató de una “quiebra indirecta” por la imposibilidad de sostener el proceso de reestructuración, lo que terminó por confirmar la inviabilidad de la compañía.
Continuidad provisoria para evitar un impacto mayor
A pesar de la quiebra, la Justicia dispuso que la empresa continúe operando de manera transitoria bajo supervisión judicial. El objetivo es evitar un cierre inmediato que agrave el impacto social, especialmente en las localidades donde SanCor tiene presencia productiva.
El magistrado advirtió que una paralización total afectaría no solo a los trabajadores, sino también a proveedores y acreedores, por lo que la continuidad quedó sujeta al control de síndicos mientras avanza el proceso.
Lo que viene: liquidación de activos
Con la quiebra ya decretada, se abre ahora una nueva etapa en la que los bienes de la empresa quedarán bajo administración concursal. El proceso apunta a preservar los activos para una eventual venta, con el objetivo de afrontar parte de las deudas acumuladas.
El desenlace marca un nuevo capítulo en la crisis de una empresa emblemática del cooperativismo argentino, cuyo futuro inmediato queda atado a las decisiones judiciales y a posibles interesados en su estructura productiva.