El Gobierno habilitó la venta de cigarrillos electrónicos en todo el país

El Gobierno nacional oficializó la legalización de los vapeadores, cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina en todo el país. La medida, establecida mediante la Resolución 549/2026, pone fin a la prohibición vigente desde 2011 y abre una nueva etapa basada en la regulación del mercado.

Según la justificación oficial, el esquema anterior no logró frenar el consumo ni la comercialización ilegal. Durante más de una década, estos productos circularon de forma masiva en canales informales, sin controles sanitarios ni trazabilidad. Frente a ese escenario, el Ejecutivo optó por permitir su venta bajo normas específicas que incluyen registro obligatorio, control de բաղ composición y límites en la concentración de nicotina.

Uno de los pilares del nuevo sistema es la creación del Registro de Productos de Tabaco y Nicotina (RPTN), donde deberán inscribirse fabricantes e importadores. Además, se prohíben los saborizantes —considerados un factor clave en la captación de adolescentes— y se establecen mecanismos de fiscalización para garantizar el cumplimiento de la normativa.

El dato que utilizó el Gobierno para respaldar el cambio encendió alarmas: más de un tercio de los estudiantes secundarios ya consume vapeadores. La cifra expone la expansión del fenómeno, especialmente entre jóvenes, y refuerza el argumento oficial de que la prohibición resultaba ineficaz.

Sin embargo, la medida generó fuertes cuestionamientos en la comunidad médica. Distintas sociedades científicas advierten que no existe evidencia independiente que respalde la seguridad de estos productos. Por el contrario, vinculan su uso con enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias y alteraciones neurológicas, particularmente en cerebros en desarrollo.

A esto se suma otra preocupación: la falta de datos actualizados. Los principales relevamientos nacionales sobre consumo de tabaco y factores de riesgo no se actualizan desde hace varios años, lo que limita la capacidad de dimensionar el impacto real de estos dispositivos en la salud pública.

En este contexto, la legalización abre un escenario complejo. Mientras el Gobierno apunta a controlar y gravar un mercado ya existente, especialistas alertan que la medida podría profundizar el consumo en sectores vulnerables, especialmente entre adolescentes. El debate, lejos de cerrarse, recién empieza.