Nueva denuncia contra los desarrolladores inmobiliarios argentinos investigados por proyectos en Costa Rica

La investigación judicial vinculada a presuntas irregularidades en desarrollos inmobiliarios en Costa Rica sumó un nuevo capítulo en la Argentina. A la causa relacionada con los proyectos Air Tesoro S.A. y Air Homes Dos S.A., ubicados en Tamarindo, se agregó una nueva denuncia penal por defraudación por administración fraudulenta, presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, con intervención de la Fiscalía 31 de la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación apunta contra Rodrigo Rossetto, Lisandro Aloi y Javier Zlatkis, señalados por su presunto rol en la administración de propiedades vinculadas a Ara Homes SRL, una sociedad radicada en la Argentina. Según el escrito judicial, los denunciados habrían gestionado unidades sin brindar rendiciones de cuentas respaldadas a sus propietarios, pese a reclamos formales reiterados.

La denuncia sostiene además que, aun después de haber sido notificados para cesar en la administración de determinadas unidades, se habría continuado utilizando esas propiedades, incluso mediante copias de llaves, para alquilarlas sin conocimiento ni autorización de sus titulares y percibir ingresos derivados de esa explotación. Otro de los puntos incorporados en la presentación refiere a la presunta utilización de espacios comunes de un edificio para el funcionamiento de oficinas vinculadas a Ara Homes SRL, sin autorización formal ni ontraprestación económica. Ese hecho, según los denunciantes, habría quedado asentado mediante acta notarial y es interpretado como parte de un esquema de aprovechamiento indebido de bienes ajenos.

El nuevo expediente amplía el foco de una investigación que ya había comenzado por desarrollos inmobiliarios en Tamarindo, Costa Rica, donde fueron mencionados Lisandro Aloi, Juan Pablo Issel, Rodrigo Rossetto y Damasia Fernández Górgolas. En esa causa, un grupo de inversores afirma haber aportado fondos para emprendimientos que, según la denuncia, fueron presentados como proyectos con participación societaria, entrega de acciones, adjudicación de tierras y promesas de rentabilidad.

Los proyectos cuestionados eran Air Tesoro S.A. y Air Homes Dos S.A. De acuerdo con la querella, los emprendimientos fueron ofrecidos mediante material comercial, renders, proyecciones financieras y referencias a una zona turística de alta valorización. Sin embargo, los damnificados sostienen que las obras no avanzaron como se había prometido, que no recibieron las acciones comprometidas y que no se les entregó documentación suficiente para reconstruir el destino de los fondos aportados.

Según la denuncia, integrantes del grupo inversor viajaron a Costa Rica para constatar el estado de los desarrollos y habrían encontrado terrenos sin infraestructura ni construcciones en marcha. Ese punto es uno de los ejes de la acusación, junto con la falta de rendiciones contables y la presunta ausencia de respuestas satisfactorias durante más de cuatro años de reclamos.

La magnitud económica del caso también forma parte del expediente. Los denunciantes mencionan una hipoteca por USD 485.000 que habría sido tomada sin notificación previa a los inversores; presuntos aportes en efectivo desde Argentina hacia Costa Rica por alrededor de USD 400.000; supuestos aportes ficticios por más de USD 2 millones; retiros de fondos por aproximadamente USD 300.000; y la falta de documentación respaldatoria para verificar el destino de esos recursos.

La causa también incluye un capítulo vinculado a presuntas presiones sobre una de las damnificadas. Según la presentación, se habría intentado condicionar la entrega de acciones a la firma de documentos mediante los cuales los inversores debían renunciar a futuros reclamos civiles, comerciales o penales. En ese contexto, una causa por presunta coacción contra Rodrigo Rossetto quedó radicada en San Isidro, donde se habría dispuesto una prohibición de contacto y el cese de actos de hostigamiento.

En paralelo, la investigación por los proyectos en Costa Rica ya había derivado en medidas judiciales para preservar documentación y soportes digitales vinculados a Air Tesoro, Air Homes Dos, SANO-ARA y otras sociedades mencionadas en el expediente. Para los denunciantes, esas medidas muestran que el caso excede una simple controversia comercial y requiere una reconstrucción judicial más amplia.

Otro dato agrega volumen institucional al caso: Lisandro Aloi no aparece públicamente solo como desarrollador inmobiliario. En la página oficial de AIA International figura como “AIA International Country Representative - Argentina”, es decir, representante país para la Argentina dentro de la red internacional del American Institute of Architects. En ese mismo perfil se lo presenta vinculado a SANOARA y a AIR - Real Estate and Architecture, una oficina dedicada a desarrollos de real estate y arquitectura en Costa Rica.

Ese dato no implica responsabilidad penal ni supone un aval de AIA sobre los proyectos investigados, pero sí vuelve más sensible el caso: quien aparece denunciado por inversores en una presunta maniobra defraudatoria también exhibe una credencial internacional dentro del mundo profesional de la arquitectura. La pregunta, entonces, se vuelve inevitable: ¿la prestigiosa AIA sabe que su representante país en Argentina aparece mencionado en una causa judicial vinculada a desarrollos inmobiliarios denunciados por inversores?

En ese contexto también aparece mencionado Emiliano Aloi, hermano de Lisandro Aloi. Según la documentación incorporada al expediente, Emiliano Aloi mantenía con una de las damnificadas una deuda de aproximadamente USD 1.453.000, y habría propuesto canalizar ese monto hacia el emprendimiento inmobiliario de su hermano en Costa Rica. La documentación refiere aportes por USD 693.400 a Air Tesoro S.A. y por USD 760.000 a Air Homes Dos S.A.

El nombre de Emiliano Aloi, además, ya había sido objeto de publicaciones periodísticas en Argentina y Uruguay por otros antecedentes públicos. Aloi fue señalado mediáticamente como “asesino al volante” por el caso vial de Mariano “Tutu” Álvarez, ocurrido en 2014, y también informó que acumularía 63 infracciones de tránsito entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con 43 faltas en CABA y un monto superior a los 5 millones de
pesos.

Medios de Uruguay también publicaron antecedentes sobre Emiliano Aloi vinculados a deudas, sociedades internacionales y el caso vial de 2014, aunque esos hechos no forman parte de la causa por los desarrollos inmobiliarios ni implican por sí mismos responsabilidad penal en este expediente.

Los involucrados, por su parte, difundieron recientemente un comunicado en el que negaron responsabilidad sobre los hechos vinculados a Costa Rica. Los damnificados, en cambio, sostienen que todavía esperan explicaciones claras sobre el destino de los fondos, la entrega de acciones, la evolución real de los proyectos y la administración de los bienes afectados.

Por ahora, la nueva denuncia se encuentra en etapa inicial. La Justicia deberá determinar si se trató de incumplimientos contractuales, conflictos comerciales o si, como sostienen los denunciantes, existió un esquema de maniobras fraudulentas en perjuicio de inversores y propietarios.