El Senado de la Nación sesionará este jueves para analizar un paquete de iniciativas impulsadas por el oficialismo, entre las que se destaca el proyecto de propiedad privada que elimina los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y establece nuevos mecanismos para agilizar desalojos en casos de usurpaciones.
La propuesta forma parte del temario acordado entre La Libertad Avanza y bloques opositores dialoguistas, que también incluye el tratamiento del pago a fondos de inversión que mantienen litigios con la Argentina y la aprobación de decenas de pliegos judiciales.
La iniciativa, elaborada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sufrió modificaciones durante su paso por el Congreso y finalmente llegará al recinto con cambios en los capítulos vinculados a extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Uno de los puntos centrales es la eliminación de las restricciones que actualmente limitan la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.
Según el texto, las provincias deberán autorizar este tipo de operaciones cuando no intervengan Estados extranjeros ni entidades controladas por gobiernos de otros países.
La propuesta mantiene la prohibición para que Estados extranjeros, empresas con participación estatal extranjera o fondos fiduciarios integrados mayoritariamente por recursos de otro país puedan adquirir tierras en territorio argentino.
El proyecto también incorpora un mecanismo de desalojo exprés para inmuebles ocupados de manera ilegal.
En esos casos, los procedimientos judiciales se acelerarán, mientras que para el resto de las situaciones continuarán vigentes los plazos actuales previstos por la normativa.
Además, se establece que ante una deuda en un contrato de alquiler habrá un plazo de 10 días para intimar el pago de manera fehaciente. Si el inquilino incumple, el propietario podrá iniciar una acción judicial que deberá tramitarse mediante el procedimiento más breve previsto por la ley.
La iniciativa dispone que la declaración de utilidad pública necesaria para concretar una expropiación deberá interpretarse de manera restrictiva y contar con una fundamentación clara por parte del Estado.
También fija un límite del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante, una modificación respecto al proyecto original, que no establecía un porcentaje determinado.
Por otra parte, se define que la tasa de interés aplicable en esos casos estará compuesta por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación para depósitos a 30 días.
Otro de los cambios incluidos en el proyecto apunta a la legislación sobre incendios rurales.
La propuesta elimina la restricción que impedía durante 30 años modificar el uso de tierras afectadas por incendios en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.
En el caso de los bosques nativos, se mantiene la prohibición de cambiar el destino de los terrenos incendiados, aunque se elimina el plazo de 60 años que establecía la normativa vigente.
Además de la reforma sobre propiedad privada, el Senado tratará un proyecto que autoriza al Gobierno nacional a pagar 171 millones de dólares a dos grupos de acreedores para cerrar litigios vinculados a títulos públicos argentinos.
La iniciativa contempla acuerdos con Bainbridge Ltd., que recibiría un pago de 67 millones de dólares, y con Attestor Value Master Fund LP, que cobraría 104 millones de dólares.
Según el Gobierno, la aprobación de esta ley es necesaria para evitar que avancen acciones judiciales contra activos argentinos y para cumplir con los compromisos antes del 30 de junio.
La sesión también incluirá el tratamiento de 50 pliegos judiciales correspondientes a jueces, fiscales y defensores, además de proyectos para crear nuevas cámaras federales en Mar del Plata y Tucumán.
La lista definitiva de candidatos que serán sometidos a votación se terminará de definir en las horas previas al debate en el recinto.