Desregulación inmobiliaria en Buenos Aires: el proyecto libertario que busca terminar con el “monopolio” de los martilleros

En sintonía con las políticas de reforma impulsadas por el Gobierno nacional, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley que busca desregular por completo el mercado inmobiliario bonaerense. La iniciativa, que tiene al diputado Juan Osaba como principal impulsor, propone eliminar la exclusividad que actualmente poseen los martilleros y corredores públicos para intermediar en la compraventa de inmuebles.

El proyecto de ley tiene como objetivo primordial la modificación de la Ley Provincial N° 10.973, que rige la actividad profesional del sector. Entre los cambios más significativos, la propuesta establece que la intermediación y el corretaje inmobiliario podrán ser ejercidos libremente por “personas humanas o jurídicas no matriculadas”.

Asimismo, la iniciativa introduce los siguientes puntos clave:

●    Libertad de honorarios: se instaura el principio de autonomía de la voluntad, permitiendo que las comisiones se fijen mediante un libre pacto entre las partes, sin pisos ni topes obligatorios.
●    Eliminación de sanciones: se propone excluir de multas e infracciones a cualquier persona que intervenga en operaciones inmobiliarias sin poseer título habilitante, revirtiendo la normativa actual que impone sanciones de hasta el doble de los honorarios percibidos.
●    Nueva autoridad de aplicación: el control de la actividad pasaría de los colegios profesionales al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia.

El diputado Osaba fundamenta su iniciativa en la necesidad de “dinamizar el mercado” y terminar con lo que califica como un “monopolio de intermediación”. Según el legislador, la obligación de estar matriculado para realizar tareas comerciales excede el poder de policía del Estado y constituye una “barrera que impide a los ciudadanos elegir libremente”.

Osaba argumenta que las funciones de control legal y técnico que tradicionalmente se le asignan al martillero ya se encuentran “plenamente garantizadas y suplidas por la intervención de abogados y escribanos” en las transacciones. Además, sostiene que el avance de las tecnologías digitales ha democratizado el acceso a la información inmobiliaria, haciendo que las estructuras rígidas de matriculación resulten “anacrónicas”.

Finalmente, denuncia que la oferta académica concentrada en universidades privadas convierte al título en un “privilegio económico” en lugar de una garantía de idoneidad.

Desde la dirigencia sectorial, la reacción no se hizo esperar. El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia, Luis Eusebio Colao, calificó la propuesta como un “retroceso de más de medio siglo” en la historia profesional bonaerense. Colao fue tajante al advertir que, de sancionarse, la ley generaría una “pandemia de estafas inmobiliarias”, dejando desprotegidos a compradores, vendedores e inquilinos.

El dirigente tildó la iniciativa de “Ley Cambalache”, argumentando que pretende igualar a un profesional universitario con “cualquier entusiasta” o “inescrupuloso”. Entre sus principales críticas, Colao advirtió que al eliminar las multas, el proyecto “despenaliza” la actividad ilegal y beneficia a quienes trabajan fuera del control ético y constitucional de los colegios. A su vez, afirmó que la desregulación afectaría gravemente a la Caja de Previsión del sector, lo que calificó como un intento de “asesinar” el sistema jubilatorio de los profesionales.

Y sobre un posible impacto laboral, Colao sostuvo que la medida pone en riesgo las fuentes de trabajo de más de 200.000 familias que dependen directa o indirectamente del mercado inmobiliario provincial.

Finalmente, Colao recordó que esta discusión no es nueva y que intentos similares en el pasado, como el decreto de Domingo Cavallo en 1991, fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. Ante este escenario, el Colegio de Martilleros ya ha iniciado rondas de reuniones con dirigentes políticos como Sergio Massa para frenar el avance de la normativa.