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miércoles 01 de julio de 2026 - Edición Nº2765
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Dos empresas privadas asumieron la concesión de rutas nacionales en Buenos Aires
09:23 |Desde este 1° de julio, dos empresas privadas asumieron la concesión de casi 1.900 kilómetros de rutas y autopistas en Buenos Aires y La Pampa.
A partir de este miércoles 1° de julio comenzó una nueva etapa en la gestión de la infraestructura vial nacional. Dos empresas privadas asumieron la explotación, administración y mantenimiento de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas que atraviesan las provincias de Buenos Aires y La Pampa, tras la firma de los contratos correspondientes a la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones.
Hasta ahora, esos corredores eran operados por la empresa estatal Corredores Viales S.A.. Con el nuevo esquema, Corredor Vial 5 SAU quedó a cargo del Tramo Pampa, mientras que Rutas Sur Atlántico S.A. asumió la gestión del Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur.
El primero comprende 546,65 kilómetros de la Ruta Nacional 5, entre Luján y el empalme con la Ruta Nacional 35, en La Pampa. El segundo abarca 1.325,17 kilómetros de las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.
Desde Vialidad Nacional señalaron que se trata de corredores estratégicos para la conectividad regional, el transporte de cargas, la producción y el turismo.
El organismo explicó que la Red Federal de Concesiones funcionará bajo un esquema de inversión 100% privada, en el que las concesionarias financiarán las obras y las tareas de mantenimiento previstas en los contratos, mientras que Vialidad Nacional tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento de los niveles de servicio y las condiciones de transitabilidad.
La disputa con Aubasa
La adjudicación estuvo precedida por una controversia entre Nación y la Provincia. Aubasa, la empresa vial bonaerense, había intentado participar de la licitación para administrar estos corredores, pero su oferta fue descartada por el Gobierno nacional al considerar que no cumplía con los requisitos técnicos establecidos.
La administración de Axel Kicillof impugnó esa decisión y sostuvo que los pliegos fueron modificados durante el proceso para excluir a la empresa provincial y favorecer a operadores privados. Sin embargo, el reclamo fue rechazado y la concesión quedó finalmente en manos de las firmas adjudicatarias.
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