La decisión del Gobierno nacional de no renovar contratos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) abrió un nuevo frente de conflicto con trabajadores e investigadores del sistema científico. Mientras las autoridades sostienen que la medida alcanza a 61 contratos temporarios y niegan un impacto sobre áreas estratégicas, los gremios denuncian un proceso de vaciamiento que compromete capacidades construidas durante décadas.
La situación derivó en protestas en distintas sedes del organismo y en una permanencia de trabajadores en la sede central de la CNEA, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se registraron incidentes durante la intervención de fuerzas de seguridad.
La Comisión Nacional de Energía Atómica informó que la medida consistió en la no renovación de 61 contratos de personal incorporado bajo modalidades temporarias y sostuvo que no fueron alcanzados ingenieros nucleares ni proyectos considerados críticos para el funcionamiento del organismo.
Sin embargo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales de la CNEA (APCNEAN) cuestionaron esa versión y aseguraron que entre los afectados hay investigadores, profesionales, técnicos y personal especializado que participa en distintas áreas científicas y tecnológicas. Según los gremios, las desvinculaciones podrían alcanzar a cerca de un centenar de trabajadores e incluso extenderse a más contratos que vencieron el 30 de junio.
Fundada en 1950, la CNEA es uno de los organismos científicos y tecnológicos más importantes del país. Además de impulsar el desarrollo nuclear con fines pacíficos, participa en investigaciones vinculadas a reactores de investigación, producción de combustibles nucleares, medicina nuclear, radioisótopos utilizados en diagnósticos y tratamientos oncológicos, gestión de residuos radiactivos y formación de recursos humanos altamente especializados.
El organismo también integra un entramado estratégico junto con empresas públicas como Nucleoeléctrica Argentina e INVAP, reconocido internacionalmente por el desarrollo de tecnología nuclear con fines civiles.
Desde ATE sostienen que las desvinculaciones forman parte de un proceso de reducción de recursos humanos y presupuestarios que viene afectando al sistema científico nacional desde el inicio de la actual gestión.
Los representantes sindicales advierten que la pérdida de personal especializado podría comprometer proyectos de largo plazo, cuya continuidad depende de equipos con alta capacitación y experiencia acumulada durante años de trabajo.
Durante la protesta realizada en la sede central de la CNEA, trabajadores denunciaron además la intervención de efectivos de Gendarmería Nacional para desalojar la permanencia que realizaban dentro del edificio.
El conflicto volvió a instalar el debate sobre el rumbo de la política científica y tecnológica del país. Mientras el Gobierno sostiene que se trata de una revisión de contratos temporarios en el marco de la reorganización del Estado y rechaza que exista un desmantelamiento del organismo, trabajadores, investigadores y gremios consideran que las medidas ponen en riesgo áreas estratégicas vinculadas con el desarrollo tecnológico, la producción de conocimiento y la soberanía científica.
La evolución del conflicto dependerá de las negociaciones que puedan abrirse entre las autoridades y los representantes de los trabajadores, en un contexto en el que distintos sectores del sistema científico vienen manifestando preocupación por la continuidad de programas de investigación y la pérdida de personal altamente calificado.