El conflicto en las universidades nacionales sigue abierto y podría recrudecer en las próximas semanas. Las dos principales federaciones docentes del país, Conadu y Conadu Histórica, advirtieron que el inicio del segundo cuatrimestre podría verse afectado si el Gobierno nacional no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario y la medida cautelar que ordenó actualizar salarios y becas estudiantiles.
El planteo surgió luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar los artículos de la ley vinculados con la recomposición salarial de docentes y no docentes, además de la actualización de las becas. El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo al considerar que no se trataba de una sentencia definitiva, por lo que la cautelar continúa vigente y debe cumplirse.
Durante el plenario de secretarios generales realizado el 3 de julio, Conadu resolvió exigir que el salario correspondiente a julio —que se abonará en agosto— incorpore la totalidad de las actualizaciones previstas por la Ley de Financiamiento Universitario.
Además, la federación reclamó la inmediata convocatoria a paritarias y resolvió evaluar en un próximo plenario si el Gobierno acata o no la decisión judicial. En caso de incumplimiento, analizará la convocatoria a nuevas medidas de fuerza.
Por su parte, Conadu Histórica también endureció su postura. La federación convocó a un plenario para el 15 de julio, donde evaluará el grado de cumplimiento de la cautelar judicial, y a un Congreso Extraordinario el 5 de agosto, instancia en la que definirá el plan de acción para el comienzo del segundo cuatrimestre.
Entre las alternativas que se encuentran en discusión figura la posibilidad de convocar a medidas de fuerza que afecten el normal inicio de las clases en las universidades nacionales si el Ejecutivo no cumple con la ley.
Si bien el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron semanas atrás un acuerdo que contempla una recomposición salarial y un refuerzo presupuestario para las universidades, los gremios sostienen que ese entendimiento no reemplaza las obligaciones establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario.
Según las organizaciones docentes, la norma fija un mecanismo de actualización salarial vinculado a la inflación y establece la recomposición de las becas estudiantiles, aspectos que, según afirman, aún no fueron aplicados en su totalidad.
Con el receso invernal en marcha, las próximas semanas serán determinantes para conocer si el Gobierno cumple con la cautelar ratificada por la Corte Suprema o si el sistema universitario vuelve a atravesar un escenario de protestas y paros.
Por el momento, no hay una medida de fuerza convocada, pero tanto Conadu como Conadu Histórica dejaron en claro que, si no se ejecuta lo dispuesto por la Justicia y la Ley de Financiamiento Universitario, el segundo cuatrimestre podría comenzar con un nuevo plan de lucha docente