El Senado frenó el proyecto que flexibiliza la compra de tierras por extranjeros

El oficialismo no consiguió los votos necesarios para avanzar en el Senado con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que propone modificar las reglas para la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

Ante la falta de acuerdos, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió pasar la sesión a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto. De esta manera, el proyecto no fue votado y deberá volver a discutirse el mes próximo. Es la cuarta vez que su tratamiento queda postergado.

¿Qué límites existen actualmente?

La Ley de Tierras Rurales establece controles nacionales para evitar una concentración excesiva de campos en manos extranjeras.

Actualmente, la superficie rural perteneciente a personas o empresas extranjeras no puede superar el 15% del territorio nacional, provincial o departamental. Además, los propietarios de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% de ese porcentaje.

La normativa también fija una cantidad máxima de hectáreas para cada comprador. Ese límite no es idéntico en todo el país, sino que varía según la ubicación y las características productivas de cada región.

Antes de concretar una operación, los compradores extranjeros deben solicitar un certificado al Registro Nacional de Tierras Rurales. El trámite incluye controles sobre la superficie adquirida, la ubicación del campo y la existencia de cursos o cuerpos de agua importantes.

Lo que quiere cambiar el Gobierno

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo elimina los límites nacionales generales y permite que cada provincia establezca sus propias restricciones.

En términos concretos, dejaría de existir una regla única para todo el territorio argentino. Cada provincia podría decidir si mantiene topes, crea nuevas condiciones o habilita una regulación más flexible para la compra de campos por extranjeros.

La última versión del dictamen mantenía la prohibición para que Estados extranjeros y empresas controladas por otros gobiernos adquirieran tierras rurales, salvo que contaran con autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo nacional.

También conservaba controles especiales en las zonas de frontera, donde las operaciones requerirían el aval de las autoridades provinciales y nacionales.

¿Qué podría pasar en la provincia de Buenos Aires?

En caso de que el proyecto sea aprobado, la Provincia tendría que establecer sus propias normas sobre la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

La Legislatura bonaerense podría mantener límites similares a los actuales, establecer nuevas condiciones o permitir compras con menos restricciones. Hasta que eso ocurriera, debería definirse cómo se aplicaría el nuevo esquema y qué organismo quedaría a cargo de los controles.

El debate tiene especial importancia para Buenos Aires por la extensión de su territorio rural, el peso de la producción agropecuaria y la existencia de zonas con recursos naturales, cursos de agua y actividades consideradas estratégicas.

Por eso, durante las reuniones del Senado participaron funcionarios y especialistas bonaerenses, entre ellos representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata y autoridades ambientales de la Provincia.

Una ley que genera resistencias

La modificación de la Ley de Tierras generó resistencia entre algunos senadores radicales, bloques provinciales y aliados habituales del Gobierno.

Los cuestionamientos no provinieron únicamente de la oposición. Según informó Noticias Argentinas a partir de fuentes parlamentarias, también hubo diferencias dentro del oficialismo por las sucesivas modificaciones realizadas al dictamen.

La última versión permitía que las provincias volvieran a establecer límites propios, una concesión que buscaba reunir apoyos entre los senadores. Sin embargo, ese cambio tampoco logró conformar a todos los sectores y habría sido rechazado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La cantidad de cambios también complicó la negociación. Durante el tratamiento en comisiones, legisladores opositores cuestionaron que circularan nuevas redacciones sin tiempo suficiente para analizarlas.

Posiciones enfrentadas

El oficialismo sostiene que las provincias deben tener la facultad de regular las operaciones de acuerdo con las características de cada territorio. Bullrich defendió ese esquema como una forma de abandonar una regulación centralizada y fortalecer el federalismo.

En cambio, los sectores críticos advierten que eliminar los controles nacionales podría facilitar una mayor extranjerización de tierras y debilitar la capacidad del Estado para proteger recursos estratégicos.

En las reuniones informativas también se plantearon preocupaciones vinculadas con la soberanía, las zonas fronterizas, el acceso al agua y la posibilidad de conocer quiénes controlan las empresas compradoras.

No se trata solamente de las tierras

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada reúne varias reformas en una sola iniciativa. Además de la compra de tierras rurales, incluye cambios en los procedimientos de expropiación y desalojo y en algunos aspectos de la Ley de Manejo del Fuego.

El oficialismo incorporó modificaciones para diferenciar a quienes ingresan ilegalmente a una propiedad de aquellos ocupantes que pueden acreditar algún derecho sobre el inmueble.

También retiró el capítulo referido a los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares, conocido como ReNaBaP, para tratar esa cuestión mediante una ley separada.

Los cambios en la Ley de Manejo del Fuego también recibieron objeciones de especialistas y representantes ambientales, quienes reclamaron mantener las protecciones vigentes sobre los terrenos afectados por incendios.

El debate seguirá en agosto

El oficialismo tendrá hasta el 6 de agosto para negociar una nueva redacción y reunir los votos necesarios.

Ese día, el Senado también prevé tratar la denominada Ley Hojarasca, que ya obtuvo media sanción en Diputados y propone derogar normas que el Gobierno considera obsoletas.

Por el momento, la legislación actual sobre tierras rurales continúa vigente y las compras realizadas por personas o empresas extranjeras siguen sujetas a los límites y controles nacionales.