El Gobierno de Javier Milei dejó vencer el régimen que protegía a quienes aceptaran empleos rurales temporarios registrados sin perder determinadas prestaciones sociales. La medida perdió vigencia el 1° de septiembre y, hasta este viernes, su extensión no había sido publicada oficialmente.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que la demora genera incertidumbre sobre unos 120.000 puestos de trabajo y reclamó una respuesta urgente al Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello.
La cifra corresponde a una estimación del sindicato encabezado por José Voytenco y no representa una cantidad de despidos ya producidos. El planteo es que la falta de compatibilidad podría desalentar la contratación registrada durante las campañas agrícolas.
El Decreto 514/2021 alcanzaba a trabajadores y trabajadoras rurales contratados bajo modalidades temporarias o permanentes discontinuas. Su objetivo era facilitar la registración laboral sin interrumpir automáticamente el acceso a determinadas políticas de protección social.
La norma establecía que las asignaciones familiares correspondientes a quienes fueran registrados no podían ser inferiores al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo. También contemplaba la compatibilidad con programas y prestaciones sociales bajo las condiciones fijadas por la reglamentación.
Una página oficial del entonces Ministerio de Trabajo señalaba que el sistema alcanzaba a un promedio de 145.000 trabajadores rurales temporarios registrados, de los cuales alrededor de 66.000 accedían a asignaciones familiares equivalentes al valor de la AUH. Se trata de una referencia oficial anterior y no de una medición actualizada a 2026.
El régimen comenzó a regir en septiembre de 2021 y fue prorrogado por dos años mediante el Decreto 423/2023. La siguiente extensión llegó con el Decreto 777/2025, firmado por Milei el 29 de octubre de ese año y publicado un día después.
Aunque aquella prórroga comenzó a computarse retroactivamente desde el 1° de septiembre de 2025, el Gobierno tardó casi dos meses en formalizarla. Esa extensión tuvo una duración de un año y, por lo tanto, terminó el pasado 1° de septiembre.
Hasta el cierre de esta nota, el registro oficial de normas que modifican o complementan el Decreto 514/2021 seguía mostrando al Decreto 777/2025 como su última prórroga.
Voytenco sostuvo que la falta de continuidad representa una amenaza para las familias rurales y las economías regionales. Según el gremio, la incertidumbre puede dificultar la contratación formal de mano de obra durante las actividades estacionales.
El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) también solicitó formalmente la extensión. Su presidente, Abel Guerrieri, dirigió una nota a Pettovello para pedir que se adopten las medidas necesarias.
El organismo señaló que el régimen permite que las personas acepten trabajos registrados de duración limitada sin poner en riesgo la protección social de sus familias.
Fuentes gubernamentales citadas por medios nacionales aseguraron que la prórroga se encuentra en trámite administrativo y que no habrá interrupciones en las prestaciones.
Sin embargo, esa afirmación todavía no fue respaldada por una nueva norma publicada en el Boletín Oficial ni por un anuncio institucional del Ministerio de Capital Humano. Mientras la extensión no sea formalizada, el régimen continúa vencido y los trabajadores rurales siguen sin una definición oficial.