La Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS), organización que agrupa a cerca del 90% de las oficinas inmobiliarias de la provincia, solicitó formalmente a la Cámara de Diputados de Santa Cruz suspender el tratamiento en comisiones del Proyecto de Ley N.º 367/2024. La iniciativa impulsa la creación del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos provincial, pero se avanzó en su elaboración sin dar participación ni consultar a las pymes y comercios que constituyen la amplia mayoría del sector.
Graciela Martínez Grama, tesorera de la ACIS, advirtió que la norma ignora la estructura operativa real de las inmobiliarias y pone en riesgo directo la continuidad de más de 50 firmas locales, afectando las fuentes de trabajo de las familias que dependen de ellas. Asimismo, la entidad alertó que la imposición de matrículas obligatorias, aranceles y nuevas cargas administrativas sobre pequeñas empresas familiares provocaría el cierre de locales y una mayor concentración del mercado en las ciudades principales.
Esta disputa en el ámbito provincial funciona como un caso testigo alineado con el debate sobre la desregulación del sector inmobiliario impulsado a nivel nacional por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Las propuestas oficiales a nivel nacional buscan eliminar la matriculación obligatoria y la exigencia de títulos universitarios específicos, bajo el argumento de que las estructuras colegiadas tradicionales funcionan como esquemas monopólicos que imponen aranceles rígidos, encarecen los costos a los usuarios y limitan la libre competencia y la innovación digital.
En este contexto, un eje central del reclamo de la ACIS es la protección de los profesionales “idóneos” –contadores, arquitectos, ingenieros y comerciantes con vasta trayectoria– que ejercen legalmente bajo el marco normativo vigente, con oficinas verificadas e inscripciones impositivas al día. La asociación remarca que exigir una titulación universitaria específica de forma retroactiva desconoce derechos adquiridos y afecta las libertades constitucionales de trabajar y asociarse.
Desde la perspectiva de la ACIS, la jerarquización del sector inmobiliario no debe apoyarse en la exclusión corporativa, sino en la capacitación continua, la transparencia y el resguardo de los consumidores.
Como alternativa concreta presentada ante la Legislatura provincial, la entidad propuso excluir la actividad comercial inmobiliaria del proyecto de martilleros y crear por ley dos colegios profesionales diferenciados: uno de Martilleros y Corredores Públicos, y otro exclusivo para Corredores Inmobiliarios. La ACIS sostiene que este esquema de convivencia y división de funciones ya opera con transparencia en 14 jurisdicciones del país, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.