Clínicas y sanatorios piden una reforma tributaria antes del fin de la emergencia en salud

La Cámara de Prestadores de la Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) reclamó una reforma fiscal para el sector y una salida ordenada de la emergencia sanitaria, cuyo vencimiento se aproxima. El planteo se realizó durante su Jornada Anual, que tuvo lugar el 11 de septiembre en la sede de la Universidad ISALUD, en la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro, desarrollado bajo el lema «Gestión e Inversión en Salud para Prestadores de la Seguridad Social», reunió a directivos de las principales cámaras del sector, diputados nacionales y especialistas en economía y tecnología médica. Los participantes debatieron el desfasaje financiero de los prestadores, la presión impositiva y las ineficiencias del sistema.

La apertura estuvo a cargo de la presidenta de CAPRESS, María Teresita Ithurburu, quien fijó la postura de la entidad ante el proyecto en discusión: «Esta jornada es una demostración de la meta que tiene CAPRESS de generar consensos y puentes. Es imprescindible acompañar y definir la reforma fiscal en salud para que aporte equidad y rompa las distorsiones actuales, especialmente en los prestadores de la seguridad social. Es una reforma indispensable para todo el sistema de salud, considerando que el sector privado sostiene aproximadamente el 70% de la atención de la población y el 56% de las camas de internación en la Argentina».

Un proyecto con respaldo oficialista y opositor

El debate legislativo ocupó un lugar central con la exposición de los diputados nacionales Manuel Quintar (La Libertad Avanza) y Pablo Yedlin (Unión por la Patria), quienes analizaron el proyecto de ley «Reforma para la sostenibilidad y fortalecimiento prestacional del sistema de salud», elaborado por Quintar.

La iniciativa se organiza en cuatro ejes. En primer lugar, declara a los prestadores de salud como servicios esenciales y activos estratégicos de interés público nacional. En segundo término, establece un régimen de regularización de deudas fiscales con planes de hasta 180 cuotas, con el objetivo de ordenar las cuentas antes de la caducidad de las normas de emergencia. Además, modifica el tratamiento del IVA para permitir un uso más flexible del crédito fiscal acumulado y reducir su impacto sobre los costos prestacionales. Por último, fija plazos de pago de entre 30 y 45 días y otorga carácter de título ejecutivo a las facturas conformadas.

Yedlin confirmó el acompañamiento de la oposición al alivio fiscal y a la moratoria, y advirtió que «si las clínicas empezaran a quebrar sería un desastre para todo el sistema público». No obstante, sostuvo que la discusión no debía limitarse a la cuestión tributaria y ubicó la situación de los prestadores dentro de un sistema marcado por la fragmentación, las dificultades de rectoría y las desigualdades en el acceso.

El legislador también señaló el crecimiento del gasto en medicamentos y nuevas tecnologías como un factor de presión sobre los recursos, y planteó incorporar mecanismos de evaluación de tecnologías sanitarias, una definición más clara de un Programa Médico Obligatorio (PMO) de alcance universal y una mayor coordinación entre financiadores, prestadores, organismos reguladores y universidades.

Las cifras del desfasaje

En el bloque económico, Diego Parra, de ISALUD, expuso el descalce en convenios como el de PAMI, donde una cama de terapia intensiva genera un costo de $5.500 frente a un reconocimiento oficial de $2.900.

Fabián Vítolo, de Noble Seguros, advirtió que, según la regla «60-30-10», cuatro de cada diez pesos gastados en salud representan desperdicio o daño evitable, y señaló que el tratamiento de una complicación puede costar hasta 80 veces más que su prevención.

Por su parte, representantes de la seguridad social —Enrique Botti, Maximiliano Derecho, Ricardo Babich y Juan Cifre— cuestionaron esquemas estatales de recupero de costos como el FACOEP, al que describieron como una «unidad de negocios» que impone valores que triplican los del mercado y aplica cobranzas judiciales automáticas sobre las obras sociales.

Digitalización y diagnósticos más rápidos

El panel de innovación abordó la transformación digital como herramienta de eficiencia. Diego Miguel, de DirMOD, indicó que la automatización puede liberar hasta 13 horas semanales de carga burocrática en el trabajo médico, mientras que Javier García Guerrero, de ISALUD, planteó que la auditoría debe orientarse hacia modelos preventivos con agentes virtuales.

Mariana Rodríguez Zubieta e Ignacio Fraguío presentaron una experiencia en anatomía patológica desarrollada junto al Hospital Universitario Austral y Roche. Según expusieron, la trazabilidad con códigos QR y herramientas digitales permitió eliminar errores manuales y entregar más del 90% de los diagnósticos oncológicos en menos de 30 días.

Un espacio de diálogo permanente

El cierre reunió a referentes de las principales cámaras del sector: Hugo Magonza (UAS), Jorge Cherro (ADECRA), Juan Grass (CONFECLISA), Héctor Santander (ACAMI), Rodrigo Jorge Sánchez Almeyra (Salud Federal), Andrés Sabalette y María Teresita Ithurburu (CAPRESS).

Los dirigentes coincidieron en que el modelo de cobertura heredado del siglo XX prometió más de lo que el financiamiento real puede sostener. En un pronunciamiento conjunto, ratificaron el compromiso de construir un espacio de diálogo permanente para priorizar la seguridad del paciente, fortalecer los recursos humanos y reducir los costos improductivos del sistema de salud.